El colonialismo ha contribuido a mantener desequilibrios de poder entre Okinawa y el resto de Japón, pero hay un camino para superarlo a través del cambio político.
El legado del colonialismo ha fomentado una discriminación estructural a nivel mundial, lo que crea ciclos de alienación y pobreza entre comunidades subyugadas y marginadas. En Japón, este legado es más visible dentro de Okinawa, antes un país independiente, ocupado por primera vez a inicios del siglo XVII. El índice de pobreza en Okinawa es de alrededor de 35%: el doble del promedio nacional. Okinawa también encabeza al país en tasa de desempleo, tasa de empleo irregular y proporciones de familias monoparentales; actualmente, tiene la tasa más baja de inscripción en universidades.
Un hecho revelador detrás de esta pobreza severa es que más del 70% del área usada para bases militares estadounidenses en Japón está concentrada en Okinawa, a pesar de que la prefectura representa solo el 0.6% del territorio total del país. Aunque esta concentración ha tenido implicaciones profundas en la economía y cultura local, varios organismos gubernamentales lo han justificado diciendo que es necesaria por razones de seguridad o que representa un apoyo económico nacional a cambio de alojar las bases militares. Muchas personas en la sociedad japonesa atribuyen la pobreza en Okinawa a las inherentes presiones de conformidad o a la baja autoestima de una sociedad fundamentada en fuertes lazos familiares y raíces locales. Sin embargo, estas explicaciones son superficiales y se desvían del problema central. De hecho, la concentración de pobreza e instalaciones militares surge de una forma moderna de colonialismo, una inequidad estructural nacida de la dinámica de poder entre Okinawa y la isla principal de Japón.
Corregir la discriminación estructural, definida aquí como la normalización y perpetuación inconsciente de la discriminación contra ciertos grupos, presenta retos únicos. Al estar tan arraigada en la vida diaria, las personas que viven dentro de un sistema pueden incluso no reconocerla. La aprobación tácita de un prejuicio benévolo representa una complicación adicional. Enfocarse en lo distinta que es la historia y cultura de Okinawa, comparada con el resto de Japón, y elogiar cuestiones como su entorno natural, la hospitalidad, la cultura de entretenimiento y la alimentación que ayuda la longevidad, oscurece la discriminación estructural contra los habitantes de Okinawa. También, contribuye involuntariamente a asociar la pobreza de Okinawa con los valores y conductas de la gente local.
Debido a que muchos japoneses no logran reconocer la discriminación estructural contra Okinawa, anularla implica entender el contexto histórico de la opresión que ha sufrido y por qué ha perdurado, y cómo los actores políticos y ciudadanos pueden trabajar para reestablecer la equidad en la región.
Una historia de opresión
La opresión y la discriminación contra Okinawa está arraigada profundamente en eventos históricos. Fue alguna vez una nación independiente llamada el Reino de Ryukyu. Sin embargo, en 1609, Satsuma, uno de los dominios feudales más poderosos durante el sogunato Tokugawa, invadió el reino. Al subyugarlo, aseguró lucrativos beneficios comerciales y estableció su presencia en una región de alta significancia militar y geopolítica. Después de la caída del sogunato Tokugawa, el gobierno japonés de Meiji abolió el sistema feudal e incorporó formalmente a Okinawa al territorio japonés en 1879.
La explotación de Okinawa se volvió particularmente pronunciada durante las últimas etapas de la Segunda Guerra Mundial, cuando el gobierno japonés usó la isla como un peón de sacrificio para comprar tiempo a la defensa de la isla principal de Japón. En la Batalla de Okinawa de 1945, donde hubo hasta cien mil víctimas civiles, las fuerzas estadounidenses tenían como objetivo tomar Okinawa a manera de base para la invasión planeada a Japón. Cuando la guerra terminó más tarde ese año, el gobierno japonés estableció una nueva constitución con un artículo renunciando a la guerra (artículo 9) a cambio de permitir la ocupación estadounidense de Okinawa para, desde ahí, facilitar sus estrategias militares en Asia.
Es importante señalar que la Batalla de Okinawa devastó los ferrocarriles de la isla; las carreteras construidas después de la guerra sirvieron, principalmente, los intereses de la milicia estadounidense; finalmente, muchas tierras agrícolas, la principal fuente industrial de Okinawa, fueron confiscadas para la construcción de instalaciones militares. Además, como Okinawa estaba bajo la autoridad gubernamental estadounidense, no recibió el mismo nivel de capital de inversión para la reconstrucción durante la posguerra ni logró el desarrollo económico que el resto de Japón. Esto último resultó en demoras significativas para el desarrollo de su infraestructura social e industrial.
El Acta de Medidas Especiales para la promoción y el desarrollo de Okinawa, declarada en 1971, buscaba resolver las desigualdades sociales y económicas entre Okinawa y el resto del país; sin embargo, alrededor de la mitad de los gastos en obras públicas llevadas a cabo bajo esta acta regresaron a la isla principal a través de las grandes compañías constructoras.
Llamadas de cambio obstaculizadas
Los Estados Unidos siguieron controlando Okinawa y, al comenzar la guerra de Vietnam, la utilizaron como base de suministros y de lanzamientos. En este tiempo, los movimientos anticolonialistas y por la paz crecieron rápidamente en Okinawa, y comenzaron a resonar con la población en las demás islas. Tanto los Estados Unidos como Japón tenían interés en calmar estos movimientos y mantener el statu quo. En 1972, los Estados Unidos devolvieron Okinawa a Japón, pero continuaron usando las bases militares sin la carga financiera ni las críticas internacionales resultantes de la ocupación. Al formalizar la devolución, el gobierno japonés contuvo el fervor nacionalista y mantuvo a Okinawa como parte integral para preservar el marco de seguridad entre ambos países.
Incluso después de que Okinawa regresara a Japón, y todavía hoy, el Acuerdo entre Estados Unidos y el país nipón sobre el estado de las fuerzas protege mayormente a las estadounidenses de ser investigadas por la justicia japonesa en incidentes relacionados con agresiones sexuales y otros tipos de violencia. En todo el país, han surgido llamados para revisar exhaustivamente dicho acuerdo, pero no se han hecho cambios en más de medio siglo.
La reubicación de las bases tampoco se ha logrado. Aunque varios ministros japoneses de defensa han reconocido que reubicar las instalaciones militares fuera de la prefectura no representaría problemas militares, creen que lograr un acuerdo con las otras islas es poco realista. En 2009, el primer ministro Yukio Hatoyama realizó la promesa electoral de reubicar la base aérea estadounidense de Futenma, afuera de Okinawa, pero se retractó el siguiente año. Aun así, en febrero de 2019, más del 70% de los votantes dentro de un referéndum no obligatorio, y en toda la prefectura, se opuso a la construcción de una nueva base en Henoko, también en la prefectura de Okinawa, para reemplazar la de Futenma. Los ciudadanos han mostrado continuamente su oposición desde entonces. (Nagatsugu Asato, coautor de este artículo, sirvió como representante adjunto del Comité del Referéndum de Henoko, con la esperanza de que la comunidad de Okinawa pudiera tomar la decisión por sí misma).
Hacia la igualdad y la autodeterminación
En su ensayo “A Monitoring Theory of the Underclass” (Una teoría de supervisión de la clase baja), el profesor J. Mark Ramseyer, perteneciente a la Facultad de Derecho de Harvard, sostiene que las minorías en Japón, incluidas los coreanos Zainichi (principalmente descendientes de personas que se mudaron o fueron obligadas a mudarse a Japón durante el dominio cultural japonés en Corea), los Burakumin (una comunidad históricamente marginada), y la gente de Okinawa, buscan remedios y soluciones para las violaciones de los derechos humanos, principalmente, para asegurar subsidios del gobierno. Además, también relaciona la pobreza y las peculiaridades culturales percibidas de Okinawa, como un menor nivel educativo, tasa más alta de divorcio y un mayor número de hijos nacidos fuera del matrimonio, con las características culturales únicas o rasgos culturales distintivos de Okinawa.
Los periódicos locales de Okinawa criticaron este artículo como una grave instancia de racismo; específicamente, racismo cultural, un tipo de discriminación basado en diferencias de cultura, idioma, religión, tradiciones y costumbres derivadas de su historia única. Como tal, el autor ignora el rol de la discriminación y explotación estructural subyacente en la pobreza extrema de Okinawa. Las políticas hacia Okinawa han priorizado el bienestar, la seguridad y el crecimiento económico de los territorios principales de Japón a expensas de las necesidades locales. Lo anterior privó a las personas de Okinawa de las condiciones necesarias para la autodeterminación política, así como de los medios para producir bienes esenciales y los servicios para lograr una independencia económica.
El artículo 14, sección 1 de la constitución japonesa, establece que “todas las personas son iguales ante la ley y no serán discriminadas por motivos de raza, credo, género, estatus social o ascendencia”. Si se examina detenidamente el texto, se transmite que los casos en los que grupos han sido colocados históricamente en una posición inferior, debido a una discriminación basada en atributos específicos, deben ser atendidos y rectificados. Muchos académicos y abogados constitucionales japoneses han interpretado este artículo no como un derecho a la igualdad general, sino como igualdad en términos de derechos individuales específicos. Sin embargo, esta interpretación deja de lado el hecho de que seguir cargando con la responsabilidad de albergar instalaciones militares estadounidenses en Okinawa, debido a la reticencia de los ciudadanos del resto del país a permitirlas en otras áreas, es una negación de la ciudadanía okinawense, incluso antes de que ocurran violaciones de derechos individuales. Sostener la violación del derecho a la igualdad es fundamental para reparar las relaciones de poderes desiguales.
La discriminación estructural se perpetúa por la inacción, así que resolverla requiere que dirigentes políticos y ciudadanos tomen medidas proactivas. Primero, los legisladores deben reconocer la decisión de reubicar la base aérea de Estados Unidos de Futenma a Henoko como una violación al artículo 14, sección 1 de la constitución, la cual prohíbe la discriminación. Después de más de 25 años de discusión, la decisión de reubicarla dentro de la prefectura es ahora definitiva, y el trabajo de relleno sanitario para la reubicación está en progreso. Aunque revocar esto sería muy desafiante políticamente, aceptarlo solo reforzará la discriminación estructural contra Okinawa. También, los legisladores deben implementar medidas antidiscriminatorias, incluyendo esfuerzos por abordar la discriminación y establecer normativas para aliviar la carga de concentración de instalaciones militares en Okinawa.
En segundo lugar, la constitución japonesa es una constitución de paz, simbolizada por el artículo 9 que habla de renunciar a la guerra. Los dirigentes políticos deben revisitar este artículo. Para lograr la paz sin ningún tipo de violencia, incluida la discriminación, opresión, alienación y pobreza, el artículo 9 por sí solo es insuficiente. Juntos, los artículos 9 y 14 pueden guiar a Japón hacia una paz proactiva libre de discriminación estructural. Es decir, el trato discriminatorio en sí constituye una violación.
En tercero, los legisladores deben revisar la Ley de medidas especiales para la promoción y desarrollo de Okinawa, que ha formado a la sociedad okinawense desde su reversión al territorio principal de Japón. Según esta legislación, la política básica para la planeación del desarrollo de Okinawa está determinada por el gobierno nacional, no por la prefectura, limitando la autonomía de Okinawa y su autodeterminación dentro del marco paternalista gubernamental. La ley, en la práctica, ha servido como mecanismo para mantener el sistema de seguridad entre Japón y Estados Unidos, perpetuando la discriminación.
Finalmente, el artículo 95 de la constitución japonesa estipula que cualquier ley que restrinja la autonomía de un gobierno local específico requiere del consentimiento de sus residentes a través de un referéndum. Sin embargo, la Ley de medidas especiales para la promoción y desarrollo de Okinawa ha sido implementada sin tal procedimiento, argumentando que no restringe la autonomía. Esta ley es de duración limitada y se extiende cada década. Aunque más expertos están expresando opiniones negativas sobre su simple extensión, no es sencillo para el gobernador de la prefectura solicitar su abolición debido a temores de recortes presupuestales por parte del gobierno nacional. Aun así, esta decisión no corresponde ni a expertos ni al gobierno, sino a la gente de Okinawa. El plazo actual de la ley expira en marzo 31, 2032. Mirando hacia el futuro, será necesaria una amplia y profunda discusión pública en Okinawa en torno a sus opciones, que podrían ser la extensión, abolición o incluso exigir una mayor autonomía. Deberán considerarse propuestas concretas del gobernador de la prefectura y la asamblea, así como solicitudes directas de referéndums de personas de Okinawa, y deberán involucrarse expertos de varios sectores.
A más de medio siglo desde la reversión al territorio principal, el gobierno japonés está utilizando a Okinawa bajo el pretexto de seguridad nacional y desarrollo, obstaculizando efectivamente el derecho a la autodeterminación del pueblo okinawense.
Abordar la injusticia, a menudo invisible, de la discriminación que subyace en la concentración de bases militares y pobreza en la prefectura, es un desafío monumental que exige cambios tanto políticos como culturales. Requiere la participación activa de dirigentes políticos y ciudadanos para modificar la antigua legislación y cambiar la percepción de la gente de Okinawa en el resto de Japón.
Este artículo es parte de nuestra serie "En búsqueda de la equidad": 7 historias de nuestras 7 ediciones globales retratan cómo se ve la equidad alrededor del mundo.
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Autores Originales:
- Nagatsugu Asato es un escribano judicial en Okinawa, Japón. Después de manejar casos que involucraron a varios deudores, se ha comprometido activamente con iniciativas dedicadas a desmantelar la discriminación estructural. También, es profesor en la Universidad Internacional de Okinawa y forma parte del equipo legal para la demanda por referéndum de los residentes de la ciudad de Ishigaki. Es coautor del libro Why are Military Bases and Poverty Concentrated in Okinawa? (¿Por qué las bases militares y la pobreza están concentradas en Okinawa?,2022, Horinouchi Publishing), que explora estos asuntos complejos.
- Nobuo Shiga es profesor asociado en la Facultad de Estudios de Salud y Bienestar de la Universidad de la Prefectura de Hiroshima. TIene un doctorado en Sociología por la Escuela de Graduados en Ciencias Sociales de la Universidad Hitotsubashi, y se especializa en ámbitos de teoría de la pobreza y políticas sociales. Es coautor de Why are Military Bases and Poverty Concentrated in Okinawa? (¿Por qué las bases militares y la pobreza están concentradas en Okinawa?., 2022, Horinouchi Publishing).
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Este artículo es contenido original de la revista de Stanford Social Innovation Review Japón. |
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