Después de una sangrienta guerra civil, en Liberia los puestos de poder político son ocupados por criminales de guerra. Hassan Bility y Alain Werner se han tomado la tarea de perseguirlos, logrando justicia internacional; pero, ¿podrán conseguirla en la propia Liberia?
Hassan Bility estaba sentado en su escritorio con los ojos cansados, un cigarrillo en la mano y el sonido de fondo de un generador que zumbaba e iluminaba las paredes verde-limón de su oficina en Monrovia, la capital de Liberia. Había sido periodista y editor de periódicos y, vistiendo una camisa rosa brillante, me hablaba en voz baja sobre el reciente arresto de Sekou Kamara en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York, ocurrido a fines de marzo.
Kamara es un ciudadano de Liberia acusado de ser un comandante rebelde llamado “K-1”, quien luchó para la facción Liberians United for Reconciliation and Democracy (Liberianos Unidos por la Reconciliación y la Democracia, LURD) durante la sangrienta guerra civil de 14 años que terminó en el 2003. Es el cuarto liberiano a quien el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE, por sus siglas en inglés) arresta por presuntamente haber mentido en los formularios de inmigración cuando se le preguntó sobre su participación en alguna “unidad paramilitar, grupo de vigilantes, grupo rebelde, guerrilla u otra organización insurgente”.
Al principio, Bility habla con timidez sobre haber informado a las autoridades estadounidenses del paradero de Kamara. Él es el director del Global Justice and Research Project (Proyecto de Investigación y Justicia Global, GJRP), una organización que documenta los crímenes de guerra en Liberia. Civitas Maxima, su organización hermana con sede en Suiza, confirmó más tarde la colaboración de ambas organizaciones en el arresto de Kamara. Durante la última década, el GJRP y Civitas han ayudado a los fiscales de los Estados Unidos y Europa a reunir pruebas contra liberianos acusados de crímenes cometidos durante la guerra civil, la cual cobró al menos 250,000 vidas. El trabajo de Bility lo ha llevado a ganarse el apoyo público, pero también a hacerse de enemigos en un país donde, en las casi dos décadas que han transcurrido desde que se firmó un acuerdo de paz, ninguno de los gobiernos le ha exigido a los acusados de crímenes de guerra que se responsabilicen.
La oficina de Bility se encuentra al final de una calle lodosa, entre edificios en obra y árboles de banano, en una parte de Monrovia que en la década de 1990 se halló tapizada de cuerpos y al centro de algunos de los combates más sangrientos. El suburbio quedó bajo el control de un líder rebelde de nombre Prince Yormie Johnson, quien ordenó la tortura del difunto presidente Samuel Doe ante una cámara antes de mostrar su cadáver públicamente, al aire libre, sobre una cama de hierro de hospital.
Johnson, quien ha sido senador durante los últimos 16 años, es un vivo recordatorio del statu quo político de Liberia, en el que los antiguos señores de la guerra siguen siendo elegidos para puestos de poder.
Pero a Bility le preocupan más los miembros de su propio grupo étnico, los mandingo, quienes lo han condenado por perseguir a presuntos perpetradores que sirvieron en facciones alineadas a grupos étnicos. Lo han amenazado excombatientes al cruzarse con ellos mientras ofrecía sus condolencias por un difunto, y recibe constantes amenazas telefónicas. “Ahora mismo, mientras hablo con ustedes, estoy siendo amenazado”, describe. “No salgo de noche para nada, a menos que haya una emergencia médica o algo parecido”.
Hace una década, Bility se asoció con Alain Werner, un abogado suizo que había trabajado en juicios internacionales, como el del histórico caso contra el expresidente liberiano Charles Taylor, quien fue acusado de crímenes de guerra cometidos en la vecina Sierra Leona y cuyo caso le valió una condena de 50 años de prisión en el Reino Unido. Taylor fue el primer jefe de estado en ser sentenciado por crímenes de guerra desde Nuremberg. Desde entonces, Bility y su equipo, conformado por siete investigadores del GJRP, han trabajado de la mano de Civitas Maxima, la organización de Werner, y su equipo legal, compuesto por Werner y siete abogadas. En conjunto, han representado legalmente a las víctimas, presentado denuncias penales en su nombre y brindado pruebas y asistencia a los investigadores internacionales. Su trabajo ha conducido al arresto de ocho liberianos, un sierraleonés y un ciudadano con doble nacionalidad, estadounidense y belga, acusados de cometer crímenes de guerra en cinco países europeos y en Estados Unidos. Hasta el momento, tres de los acusados han sido condenados; dos han sido absueltos, de los que uno presentó apelación; y cuatro casos están pendientes, incluyendo el del recientemente arrestado Sekou Kamara. El ciudadano con la doble nacionalidad estadounidense y belga, acusado de participar en crímenes de guerra y contrabando de diamantes, murió en una prisión de Bruselas mientras esperaba su juicio.
El expresidente de Liberia Charles Taylor (izquierda) aguarda su juicio en la Corte Penal Internacional de La Haya el 7 de enero de 2008.
El trabajo del GJRP y Civitas Maxima es parte de un pequeño movimiento de base que se centra en la justicia internacional, que ha surgido en las últimas décadas y en el que las organizaciones locales, centradas en las víctimas y en ocasiones dirigidas por las mismas, se unen con abogados internacionales para desarrollar casos que de otro modo no recibirían la debida atención de las grandes instituciones de justicia internacional, como la Corte Penal Internacional (CPI) y los tribunales respaldados por las Naciones Unidas. Entre estos casos se encuentran los que involucran a jefes de Estado y funcionarios de gobierno como el general chileno Augusto Pinochet, quien fue juzgado en España; Hissène Habré, exdictador chadiano que fue juzgado en Senegal; y Anwar Raslan, un coronel sirio que fue juzgado en Alemania por crímenes contra la humanidad. La mayoría de los crímenes cometidos durante la guerra civil de Liberia no están contemplados en el Estatuto de Roma de la CPI, que ordena enjuiciar únicamente los crímenes cometidos después de julio de 2002. En Liberia, el conflicto terminó en agosto de 2003 y se incorporó el estatuto a su propia ley en 2004, un año después del fin del conflicto.
Bajo el amparo del concepto de “jurisdicción universal”, sobre todo en países europeos, y la ley de inmigración en los Estados Unidos, organizaciones como Civitas Maxima y el GJRP persiguen a los acusados de cometer crímenes de guerra en los conflictos olvidados del mundo, desde Siria hasta Liberia.
Melinda Rankin, investigadora de la Universidad de Queensland y autora de De Facto International Prosecutors in a Global Era: With My Own Eyes (Fiscales internacionales de facto en una era global: con mis propios ojos) describió a estos actores como “fiscales internacionales de facto”: víctimas y testigos que trabajan fuera de sus Estados y al margen de las instituciones dominantes de justicia internacional reuniendo pruebas e iniciando casos en países terceros. Estos “fiscales”, explica , trabajan “para hacer efectiva la rendición de cuentas cuando las autoridades locales en las jurisdicciones correspondientes no investigan ni procesan a los sospechosos de crímenes internacionales fundamentales”, como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y los crímenes de agresión.
Guerras que conmocionaron al mundo
La guerra civil de Liberia se divide en dos conflictos sangrientos separados por una breve intermisión. El primero se extendió de 1989 a 1997, antes de las elecciones con las que Taylor llegó al poder. El segundo estalló en 1999 y terminó en agosto de 2003. Ambas guerras civiles se libraron en gran parte por motivos étnicos, en los que cada grupo se sentía agraviado por el Estado y otras facciones. Si bien sus historias y denuncias eran diversas, todos los grupos utilizaban acrónimos eufemísticos que incluían palabras como “liberación”, “paz” y “democracia”, con las que enmascaraban las violaciones, torturas, masacres y reclutamiento de niños soldados que conmocionaron al mundo.
Por un lado, estaban los pueblos gio y mano del noreste de Liberia, liderados por el National Patriotic Front of Liberia (Frente Patriótico Nacional de Liberia, NPFL), el cual encabezaba Charles Taylor. Taylor es un liberiano educado en Estados Unidos, cuyas raíces se encuentran en la clase colona de esclavos liberados que emigraron de Estados Unidos en 1822. Luchó junto al príncipe Yormie Johnson, un soldado gio que después se separó para formar su propia facción, el Independent National Patriotic Front of Liberia (Frente Patriótico Nacional Independiente de Liberia, INPFL). El NPFL y el INPFL surgieron en respuesta a las masacres realizadas por las fuerzas militares leales al presidente Samuel Doe, un soldado sin educación y aliado del entonces presidente estadounidense Ronald Reagan. Doe, quien pertenecía a la etnia krahn, tomó el poder mediante un golpe de estado y puso a sus parientes en puestos militares clave. También atacó a los pueblos gio y mano luego de un fallido golpe de estado a cargo de Thomas Quiwonkpa, un soldado gio que, junto con Doe, había derrocado al gobierno en 1980.
A partir de la Nochebuena de 1989, la guerra se convirtió en un amargo conflicto étnico en el que las fuerzas del NPFL y el INPFL asesinaban a los krahn y al pueblo mandingo, a quienes consideraban alineados al régimen de Doe. Al principio de la guerra, Doe fue torturado ante una cámara y después asesinado por las fuerzas de INPFL, lidereadas por Johnson. Poco después, ambos grupos étnicos formaron sus propias milicias: los krahn y los mandingo fueron representados por el United Liberation Movement of Liberia for Democracy (Movimiento Unido de Liberación de Liberia por la Democracia, ULIMO), que más tarde se dividiría por causa étnicas en ULIMO-K, para los mandingo, y ULIMO-J, para los Krahn, antes de que se formara el Liberia Peace Council (Consejo de Paz de Liberia, LPC), un grupo conformado por los krahn.
En el interregno de 1997-1999, Charles Taylor fue electo como presidente a través del eslogan informal de campaña: “Mataste a mi mamá, mataste a mi papá, voy a votar por ti”. Al poco tiempo, su gobierno fue desestabilizado por las facciones de los krahn y los mandingo que ingresaban desde el norte y el sureste, buscando derrocarlo. El Movement for Democracy in Liberia (Movimiento por la Democracia en Liberia, MODEL por sus siglas en inglés), una facción afiliada a los krahn, marchó desde Costa de Marfil a través del sureste, mientras que los Liberians United for Reconciliation and Democracy (Liberianos Unidos por la Reconciliación y la Democracia, LURD), un grupo afiliado a los mandingo, cruzó la frontera desde Guinea y se abrió camino hasta Monrovia. El 11 de agosto de 2003, Taylor renunció y partió al exilio; poco después todas las partes firmaron un acuerdo de paz en Accra, Ghana.
Pero antes de que terminara la guerra, el Tribunal Especial para Sierra Leona, un organismo judicial creado por las Naciones Unidas y Sierra Leona, acusó a Taylor de cometer crímenes de guerra y de lesa humanidad. Sin embargo, el líder se las arregló para vivir lujosamente en Calabar, Nigeria, al amparo de un acuerdo entre la coalición de paz de Liberia y el gobierno nigeriano. Mientras tanto, los miembros de las facciones ocuparon puestos gubernamentales en el gobierno interino antes de que las elecciones presidenciales de 2005 le dieran la victoria a Ellen Johnson Sirleaf. Taylor fue finalmente arrestado el 29 de marzo de 2006 y enviado a Freetown, Sierra Leona, para ser juzgado.
Fiscal y testigo unen fuerzas
En 2012, Werner, un joven abogado del equipo que procesó a Taylor ante el Tribunal Especial para Sierra Leona, tuvo la idea de formar Civitas Maxima a raíz de la hipocresía que vio en la comunidad internacional. No solo se limitaron a perseguir a los criminales de guerra en Sierra Leona y no en la vecina Liberia, sino que también solaparon a los empresarios que ayudaron y se beneficiaron del conflicto. En sus repetidos viajes a Monrovia para entrevistar a posibles testigos y así armar el caso contra Taylor, Werner quedó impactado ante la brutalidad y el horror de la guerra civil que se había desatado en la vecina Liberia. Incluso se encontró cara a cara con Joseph D. “Zig Zag” Marzah, quien durante el juicio confesó haber realizado canibalismo y testificó ante el tribunal que Charles Taylor comía corazones humanos.
Hassan Bility del Proyecto de Investigación y Justicia Global (GJRP) recibe un premio.
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Alain Werner lanzando Civitas Maxima en 2012.
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Emmanuelle Marchand dirige la unidad legal de Civitas Maxima.
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“Pude ver claramente que había muy pocas probabilidades de que hubiera justicia alguna”, dice Werner. “Pensé que era una burla a la justicia internacional tener estos dos conflictos, tan similares y entrelazados, y que uno tenga a las Naciones Unidas invirtiendo 30 millones de dólares al año o algo así durante una década, incluyendo un tribunal internacional; y que el otro no tenga nada”. (El tribunal acusó de crímenes de guerra a un total de 13 personas de todos los lados del conflicto, tres de los cuales murieron antes de comenzar sus juicios, y su funcionamiento costó aproximadamente 300 millones de dólares durante sus 11 años de existencia.)
Alrededor de la misma época en que Werner buscaba testigos que declararan contra Taylor, Liberia intentaba instalar una Comisión de la Verdad y la Reconciliación (TRC, por sus siglas en inglés), lo cual formaba parte del acuerdo de paz que realizaron en 2003. Su objetivo era ayudar a Liberia a asimilar tres décadas de lucha política, violencia y guerra. Pero el proceso se desmoronaría y la posibilidad de procesamientos casi se extinguiría tras la publicación de sus conclusiones y recomendaciones en 2009, pues pedían que los señores de la guerra, algunos de los cuales eran representantes y senadores en funciones dentro de la legislatura bicameral de Liberia, fueran juzgados. Quizás lo más controvertido fue que la comisión pidió a la entonces presidenta, Ellen Johnson Sirleaf, que renunciara a su cargo debido al apoyo inicial que había ofrecido al NPFL, la facción rebelde de Charles Taylor. Ante las amenazas de muerte que recibieron los comisionados de la TRC y la falta de planes concretos por parte del gobierno para archivar la información producida por la comisión, todos los documentos fueron enviados al Instituto de Tecnología de Georgia (Georgia Tech) en Atlanta, según Jerome Verdier, ex comisionado.
Werner dejó Sierra Leona antes de que terminara el juicio de Taylor y pasó a representar a las víctimas de los Jemeres Rojos en las Salas Especiales de los Tribunales de Camboya de la ONU. Pero siguió reflexionando sobre la guerra en Liberia y cómo hacer para llamar a los perpetradores a cuentas dada la falta de voluntad política tanto nacional como internacional. Werner había oído hablar de Hassan Bility, un periodista que había testificado en el juicio de Taylor poco después de su partida. Bility vivía en el exilio en Boston, tras haber sido arrestado y abusado por las fuerzas de Taylor después de que el expresidente lo acusara de conspirar para matarlo. Presuntamente, los soldados lo empujaron a un pozo y lo torturaron.
Bility ha testificado tanto como víctima y perito en juicios importantes contra liberianos acusados de crímenes de guerra, tortura y abusos contra los derechos humanos. Entre esos testimonios se encuentran los juicios de Taylor y de su hijo, Chucky Taylor, quien fue finalmente sentenciado a 99 años de prisión por haber cometido torturas en Liberia, así como el de Guus Kouwenhoven, un empresario neerlandés acusado de participar en el tráfico de armas hacia Liberia que fue procesado en los Países Bajos. Werner y Bility sabían el uno del otro a través de contactos mutuos, pero al fin se conocieron años después y comenzaron a analizar estrategias para armar casos contra los liberianos que vivían en el extranjero.
Para Bility, quien hoy tiene su sede permanente en Liberia, perseguir legalmente a los acusados de crímenes de guerra era una forma de asegurarse de que su tierra natal no volviera a entrar en conflicto. También quería corresponder a las acciones de los activistas y manifestantes que habían hecho campaña para liberarlo de las fuerzas de Taylor, lo que, según dijo, fue facilitado por la Embajada de los Estados Unidos en Monrovia.
“No quiero que mis hijos ni los hijos de nadie crezcan en un entorno así”, dice Bility.
“Sé que si no se implementa algún impedimento, esto definitivamente volverá a suceder”. Para Werner, crear la organización y la colaboración también significaba crear un sistema de justicia internacional más justo, en el que “cada víctima cuente”.
Sobrepasando un sistema corrupto
Después de varios años trabajando en tribunales enormes respaldados por la ONU en Sierra Leona y Camboya, Werner había ideado formas de buscar justicia fuera de las instituciones politizadas. La Corte Penal Internacional suele requerir que los Estados cooperen y aprueben la investigación y enjuiciamiento de los presuntos perpetradores. Las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU deben ser aprobadas por naciones poderosas que a menudo tienen agendas políticas y pueden incluso ser ellas mismas responsables de crímenes de guerra. Los tribunales híbridos respaldados por la ONU, que utilizan elementos del derecho nacional e internacional y que están ubicados en los países donde se cometieron los crímenes, también requieren, en su mayoría, del consentimiento de esos mismos países. Una vez terminado su tiempo en Camboya, Werner fue contratado en 2009 por el Aegis Trust (Fideicomiso Aegis) en Londres, una organización con sede en el Holocaust Centre (Centro del Holocausto) del Reino Unido, que apoya a los museos dedicados a la educación sobre el genocidio. Aegis lo contrató para un nuevo programa que se enfocaba en documentar crímenes de guerra que pudieran perseguirse utilizando jurisdicción universal. Bajo este enfoque, los abogados y los miembros de la sociedad civil podrían armar casos contra los presuntos perpetradores desde países y tribunales fuera de donde se cometieron los delitos.
“Básicamente, nos dieron carta blanca”, dice Werner. “Nos dieron total libertad para armar casos UJ [de jurisdicción universal], y es dentro de Aegis Trust que comencé a colaborar con Hassan”.
Bility vivía en Boston en ese momento, pero había pasado la mayor parte de los años de guerra en su tierra natal. Werner empezó a frustrarse con Aegis Trust, y decidió abandonarlo y formar su propia organización.
Werner logró conseguir una subvención de 287,000 francos suizos (286,000 dólares) que le otorgó la organización de derechos humanos Foundation Pro Victims (Fundación en pro de las víctimas), con sede en Ginebra, para establecer su organización y comenzar a documentar los crímenes de guerra en Liberia. Pensó en contratar a un recién graduado en derecho de alguna universidad de élite ––algo común en el circuito de la corte internacional–– para comenzar a documentar los casos, pero Bility levantó la mano. “Podría haber contratado a uno de esos británicos astutos, jóvenes y un poco aventureros, graduados de Oxford, para ir con Hassan, fortalecer la documentación y trabajar con él”, dice Werner. “Esa era mi idea... pero Hassan me dijo: ‘No hagas eso, porque no significaría nada para Liberia, créeme, y con ese dinero yo podría contratar a 10-15 personas y empezar una organización’”.
“Mi único mérito es haber confiado en Hassan”, añade Werner.
La “jurisdicción universal” es un concepto legal que permite a los estados reclamar jurisdicción sobre las personas acusadas de delitos, independientemente del lugar donde se cometieron o de la nacionalidad y residencia del presunto perpetrador. A veces, el que un presunto criminal se encuentre dentro de las fronteras de un Estado es suficiente para realizar un arresto, independientemente de su nacionalidad. Los presuntos culpables pueden ser procesados utilizando las leyes nacionales y las leyes o convenciones internacionales a las que el Estado esté sujeto. Según un informe de 2020 sobre jurisdicción universal realizado por el Centro Internacional para la Justicia Transicional, con sede en Estados Unidos, entre 2018 y 2019 hubo un aumento del 40% en el número de “sospechosos identificados en casos de jurisdicción universal en todo el mundo”. En total eran 207; 11 de los acusados estaban en juicio, y había 16 condenas y 2 absoluciones. Pero la transparencia en las cifras y el número de casos sigue siendo un reto, al igual que las diferentes formas en que se implementa la jurisdicción universal entre los diferentes Estados, según el informe. Los casos también pudieran estar sujetos a los intereses políticos de quienes están en el poder.
Civitas Maxima, frase latina que se traduce como “la mejor ciudadanía”, sostiene que “las víctimas de crímenes internacionales deben tener las llaves de su propia demanda de justicia”, y la justicia debe existir fuera de los intereses estatales. Es en parte por esta razón que Werner no ha aceptado dinero de ningún gobierno, un enfoque que sigue generando mucha polémica dentro de la organización, refiere. Alrededor del 70 por ciento de los fondos de Civitas provienen de organizaciones filantrópicas con sede en Estados Unidos y Europa que se centran en promover los derechos humanos, la paz y la libertad como, por ejemplo, la Foundation Pro Victimis, Sigrid Rausing Trust (Fideicomiso Sigrid Rausing), Oak Foundation (Fundación Oak), Humanity United (Humanidad Unida), Wellspring Philanthropic Fund (Fondo Filantrópico Wellspring) y las Open Society Foundations y (Fundaciones Sociedad Abierta). Civitas Maxima también obtiene fondos de miembros privados de la comunidad empresarial suiza, aunque tiene políticas que le prohíben recibir dinero de empresas o personas involucradas en prácticas ilegales o que “obtengan ingresos directos de la promoción, fabricación o venta de armas”, o de aquellos que se dedican a la minería o industrias extractivas.