Los programas de compensación de carbono permiten a las empresas y países ricos practicar la ecoimpostura, en inglés, greenwashing, lo que representa una amenaza a los derechos de los pueblos indígenas.
El 23 de abril de 2021, el presidente estadounidense Joe Biden convocó a la “Leader’s Summit on Climate” (Cumbre de Líderes sobre el Clima), una mesa redonda de líderes de 38 naciones cuyo objetivo era fortalecer los compromisos nacionales para atender el cambio climático. En la reunión, los representantes de Estados Unidos, Reino Unido y Noruega anunciaron la formación de la “Coalición para Reducir las Emisiones Acelerando el Financiamiento de los Bosques” (LEAF, por sus iniciales en inglés), una alianza público-privada entre los gobiernos de esas naciones y un aluvión de corporaciones, diseñada para movilizar fondos para la protección de los bosques tropicales.1 Más tarde ese año, en noviembre durante la COP26 (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático), la coalición anunció que había recaudado mil millones de dólares, a la vez que se anunciaba a sí misma como el esfuerzo público-privado más grande de la historia para la protección de los bosques tropicales.2 Además, firmó acuerdos iniciales para establecer cronogramas para la implementación de proyectos con cinco países: Ecuador, Ghana, Costa Rica, Nepal y Vietnam.
El financiamiento de la Coalición LEAF consiste en contribuciones de las corporaciones participantes, que pagarán programas de protección forestal a cambio de créditos de compensación de carbono. Dichos créditos representan una cantidad medida de car- bono absorbida de la atmósfera por árboles a lo largo de un trecho de zona forestal. Los partidarios de las compensaciones afirman que dichos programas protegen los bosques cubiertos por los créditos, al tiempo que se reducen las emisiones de carbono. También aseguran, con mayor frecuencia, que los programas proporcionan beneficios y promueven los derechos de los pueblos que habitan los bosques y de las comunidades indígenas que viven en las áreas del proyecto. La retórica de la Coalición LEAF repite estas afirmaciones, pues aseguran que su programa de compensaciones “empoderará a países con bosques tropicales y subtropicales a moverse más rápido a acabar con la deforestación, y los apoyará para lograr sus “contribuciones determinadas a nivel nacional” (NDC, por sus siglas en inglés), que son los objetivos de reducción de emisiones establecidos por cada país en el Acuerdo de París”, y se asegurará “la participación total y efectiva de los pueblos locales e indígenas”. En la práctica, sin embargo, los programas de compensación de carbono rara vez han beneficiado a los bosques, a los grupos indígenas o al clima mundial de la forma en que sus defensores manifiestan. Cada vez más investigaciones académicas y otros reportes han demostrado que las compensaciones de carbono basadas en tierra y bosque no han llevado a una reducción sustancial de emisiones y la protección de los bosques ha sido mínima e inconsistente.3 En cuanto al impacto de la compensación de carbono en los derechos indígenas, la colaboración de los autores de este artículo con Amazon Watch —una organización sin fines de lucro que trabaja en conjunto con pueblos indígenas de la selva amazónica en temas de derechos de tierras y protección forestal— des- miente las afirmaciones optimistas de sus defensores. Como lo han mostrado investigaciones previas realizadas por Amazon Watch, los programas forestales de créditos de carbono en la selva amazónica han llevado a incursiones contra los derechos de tierras del pueblo Sápara en Ecuador y del pueblo Kichwa en Perú, así como a sobreestimaciones falsas de los beneficios climáticos en Colombia y a un exceso de promesas sobre los beneficios para la comunidad Suruí de Brasil,4 que hacen eco a muchos otros ejemplos de programas de compensaciones en el resto del mundo. Las cuestiones sobre derechos indígenas, protección forestal y la mitigación de fenómenos climáticos están interrelacionadas: ya ha sido mostrado que la protección de los derechos de tierras indígenas y su soberanía están correlacionadas con la reducción de la deforestación.5
Estos y otros ejemplos en todo el mundo demuestran que los programas de compensación son soluciones falsas que dan permisos de paga-para-contaminar a los mismos gobiernos y compañías que están causando la crisis climática y ecológica, y que violan los derechos indígenas.
Aunque los programas de compensación aseguran ofrecer beneficios de secuestro de carbono que contribuyen a una economía neutra de dicho elemento, los gobiernos y corporaciones que cosechan los beneficios financieros y de prestigio de estos programas a menudo se muestran reacios a detener sus prácticas extractivas.
En particular, la expansión de los gobiernos en actividades mineras y de extracción de petróleo (impulsoras clave del cambio climático, deforestación y violación de los derechos indígenas) generan impactos adversos más grandes en el medioambiente y en las comunidades indígenas que aquellos que los programas pueden enfrentar. Estas actividades contradictorias demuestran una falta de compromiso político para atender los asuntos estructurales en el centro del cambio climático. Los programas comerciales de carbón forestal están basados en la premisa errónea de que, mientras se ignoran los problemas de derechos de tierras, la deforestación puede solucionarse con la inversión y la comercialización, las relaciones de poder y la generación de confianza entre comunidades.
El acuerdo de la Coalición LEAF con el Ministerio de Ambiente de Ecuador ejemplifica cómo los programas de compensación de carbono distraen de la justicia climática. Programas como el de la Coalición LEAF no son más que un barniz verde aplicado sobre las continuas amenazas a los derechos indígenas, al tiempo que empoderan a las industrias extractivas y mercantilizan aún más la relación de las comunidades con la naturaleza. A continuación, analizamos el modelo de la Coalición LEAF y contextualizamos las operaciones propuestas en Ecuador dentro de sus programas existentes de secuestro forestal de carbono. Concluimos que la iniciativa, a fin de cuentas, facilita la ecoimpostura de las naciones ricas, los clientes estatales y las corporaciones, mientras que amenazan seriamente los derechos de los pueblos indígenas.
Un vehículo para la ecoimpostura empresarial
El modelo LEAF utiliza lo que se conoce como acreditaciones jurisdiccionales: gobiernos nacionales y subnacionales realizan acuerdos con LEAF e implementan programas de protección forestal, y también asumen la responsabilidad de asegurar que las comunidades locales sean incluidas en la toma de decisiones y reciban la compensación apropiada por su participación. Emergent (Emergente), una organización sin fines de lucro con base en los Estados Unidos, dedicada a movilizar esfuerzos financieros para proteger los bosques, actúa como intermediaria entre compradores y vendedores de créditos forestales de carbono y administra las operaciones de la Coalición LEAF. La organización sin fines de lucro es responsable de validar estos programas para garantizar que cumplan con los estándares ambientales y de integridad social de la coalición. Si los programas son validados, Emergent genera créditos de carbono basándose en los servicios prestados de protección forestal. Estos créditos son dados a las corporaciones participantes de LEAF y los pagos se entregan a cada jurisdicción: los gobiernos nacionales y subnacionales que forman parte del acuerdo. Los expertos llaman a esto un esquema de mercado del carbón “basado en resultados” —los pagos se realizan solo después de verificar los resultados—.
Las corporaciones participantes en la Coalición LEAF, un grupo que incluye a Nestlé, BlackRock, Delta Airlines, Walmart, Unilever y Amazon, proveen una vasta mayoría de los fondos. Estas compañías recibirán créditos de compensación producidos por proyectos de LEAF. Paradójicamente, muchas de estas corporaciones están consideradas entre las más contaminantes del mundo, y algunas son cómplices directas de la destrucción de la selva amazónica y la violación de los derechos indígenas en Ecuador y a lo largo de la cuenca del Amazonas. Por ejemplo, BlackRock, el gestor de activos más grande del mundo, tenía una deuda de más de seis mil millones de dólares y un capital de más de 24.2 mil millones en compañías petroleras operando en el Ama- zonas desde 2021,6 incluidas compañías estatales como PetroEcuador y PetroPerú, responsables de una extracción continua, contratación corrupta de operaciones industriales7 y terribles derrames petroleros que han contaminado las tierras de las comunidades indígenas.8 Mientras tanto, Walmart obtiene su carne de res de la multinacional JBS, una de las más notorias infractoras de derechos indígenas y agente de la deforestación en la Amazonia brasileña.9
Bajo un programa de compensación de carbono tradicional, los créditos se aplican directamente para compensar las emisiones de la entidad compradora. La Coalición LEAF intenta diferenciarse de esta modalidad al requerir que las corporaciones participantes se com- prometan con objetivos climáticos a través de la iniciativa “Science Based Targets” (“Iniciativa de objetivos basados en la ciencia”) y el programa de las Naciones Unidas “Race to Zero” (Carrera a cero). Estas iniciativas imponen límites al uso de compensaciones por parte de las corporaciones para que estas cumplan con los objetivos de reducción de emisiones, comprometiéndolas de manera visible a lograr reducciones reales. Sin embargo, estos compromisos voluntarios se han mostrado débiles e inconsistentes en la práctica y, sin embargo, las corporaciones participantes se han mantenido dependientes de estas compensaciones. Muchas de las corporaciones participantes —incluidas Amazon, Nestlé y Unilever— ya están exagerando sus compromisos climáticos con objetivos engañosos de cero emisiones dependientes de compensaciones de carbono y no de una verdadera reducción de emisiones.10
Asimismo, el precio mínimo de los créditos de carbono de los proyectos de LEAF será de diez dólares. Esta es solo una fracción del precio correcto, más cercano a los cien dólares, al que los economistas del clima apuntan para lograr cero emisiones para el año 2050.11 Esta disparidad caracteriza al mercado del carbono, desde el Clean Development Mechanism (Mecanismo para el Desarrollo Limpio) de las Naciones Unidas hasta los sistemas de comercio de derechos de emisión en Estados Unidos y la Unión Europea.12 Precios del carbono suficientemente bajos para atraer al sector privado a participar no se acercan a lo que, en teoría, se requeriría para mitigar efectivamente el cambio climático. Esta dinámica se ejemplifica con el fracaso del comercio de derechos de emisión (cap-and-trade market) de California, en el que los negocios han aumentado sus emisiones de carbono mientras que el gobierno los ha calmado manteniendo los precios del carbono muy por debajo de lo que costaría implementar una verdadera reducción de emisiones.13 Como tal, la Coalición LEAF representa un nuevo camino de ecoimpostura empresarial, pues permite a las compañías habitualmente responsables de contaminar, deforestar y violar los derechos, mejorar sus reputaciones al financiar programas supuestamente “verdes”.
Pero la ecoimpostura de la Coalición LEAF no se limita a sus socios corporativos. También se extiende a los gobiernos que la respaldan. Naciones ricas como los Estados Unidos y el Reino Unido han sido ampliamente criticadas por su incapacidad para destinar suficiente financiamiento climático a los países en desarrollo.14 Los Estados Unidos, en particular, solo ha asignado mil millones de dólares para este financiamiento internacional en 202215, muy lejos de los 11.4 mil millones prometidos para 2024 por el gobierno de Biden, y una cantidad escandalosamente inadecuada dada la desproporcionada responsabilidad histórica del país en cuanto a emisiones globales de carbono.16 Depender del financiamiento climático y forestal del sector privado no solo ofrece beneficios de ecoimpostura a la industria privada, sino también permite a los gobiernos ricos detrás de la Coalición LEAF continuar la evasión de sus compromisos con el clima.
Un estándar bajo para los derechos indígenas y climáticos
Los créditos de compensación de carbono son fundamentalmente una manera poco fiable de mitigar las emisiones de carbono. Los programas de compensación basados en la naturaleza mezclan el secuestro de carbono permanente de los combustibles fósiles no quemados con el secuestro temporal por absorción de los árboles y el suelo. No existe evidencia de que las compensaciones puedan mitigar las emisiones de carbono a escala. De hecho, investigaciones recientes sugieren que el secuestro de carbono natural puede ser efectivo solo como complemento de cortes masivos de emisiones e, incluso, este grado de efectividad es debatible.17 El estándar aplicado por LEAF a sus programas no ayuda mucho a disipar estas dudas. Los créditos por compensaciones de carbono generados por proyectos financiados por LEAF serán verificados por “The REDD+ Environ- mental Excellence Standard” (Estándar de Excelencia Ambiental REDD+, TREES por sus iniciales en inglés). REDD+, que significa “reducir emisiones por deforestación y degradación forestal” y mejorar las reservas forestales, es un marco de las Naciones Unidas para la conservación de bosques. De acuerdo con el sitio web de la Coalición LEAF, el uso de este estándar “asegurará una integridad ambiental y social implacable”. Pero, de hecho, las garantías climáticas de TREES tienen fallas que aumentan la probabilidad de una contabilidad engañosa y la exageración de los beneficios climáticos que los programas de compensación de carbono han demostrado repetidamente en el Amazonas y en todo el mundo, según un reporte de 2020 de Climate Focus.18
En particular, el estándar TREES carece de rigor en dos áreas habituales de las compensaciones de carbono: adicionalidad y fugas. La adicionalidad mide si un proyecto de compensación agrega nueva capacidad de secuestro de carbono. Por ejemplo, si un proyecto de compensación se crea usando un bosque que ya fue protegido de la deforestación, no ofrece ninguna adicionalidad, porque los árboles hubieran absorbido carbono de todas maneras. Sin embargo, TREES calcula la adicionalidad usando proyecciones de referencia, en vez de mediciones reales de rendimiento.19 Esto significa que la adicionalidad se calcula solo midiendo emisiones y comparándolas con niveles históricos de emisión en el área del proyecto, en vez de evaluar la implementación de políticas de reducción de emisiones, inversiones u otras medidas comunes de adicionalidad. Al no tomar estos pasos complementarios, aumenta el peligro de que los créditos de compensación vendidos a través de TREES no secuestren carbono adicional de la atmósfera.
Por otro lado, las fugas ocurren cuando los proyectos de compensación no reducen emisiones, sino que simplemente las cambian de un área a otra. El estándar TREES usa un método demasiado simplista para calcular fugas,20 lo que implica que las emisiones de estos programas forestales podrían no ser contadas y, en realidad, podrían terminar sumando emisiones a la atmósfera —un peligro que se ha observado en otros proyectos de compensación—. 21 La contabilidad de carbono de TREES tampoco considera la incertidumbre agregada; es decir, sus estimados de reducción de emisiones podrían contener altos niveles de error.22 Este riesgo llevaría, potencialmente, a un secuestro de carbono con registros imprecisos o excesivos.
Las garantías de TREES en torno a los derechos indígenas podrían ser incluso más endebles que sus deficiencias en la medición de secuestro de carbono en bosques. Durante el webinar de lanzamiento de la Coalición LEAF,23 sus representantes afirmaron que las comunidades indígenas calificarían como jurisdicciones en el TREES 2.0, que aún estaba en desarrollo, lo que les permitiría entrar a los acuerdos de LEAF de forma independiente. Sin embargo, cuando TREES 2.0 se publicó, se retiró toda mención de la elegibilidad jurisdiccional indígena, pues solo los gobiernos nacionales y subnacionales son elegibles en el más reciente están- dar TREES. Esta discrepancia mantiene intacto el paradigma dominante entre los programas de mercado de carbono, en el cual el financiamiento llega a cuentagotas desde el gobierno hasta los pueblos indígenas y las comunidades locales.
En consecuencia, las comunidades indígenas que buscan asegurar una distribución equitativa de los beneficios de los programas LEAF están forzadas a involucrarse con gobiernos que no cumplen con los estándares legales internacionales de autodeterminación y soberanía de los pueblos indígenas. Por ejemplo, TREES no requiere la adherencia a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI), no ordena el desarrollo de programas de distribución equitativa de beneficios, y solo mantiene compromi- sos parciales con el estándar reconocido internacionalmente de la necesidad de compañías y gobiernos de obtener un Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) de los pueblos indígenas antes de iniciar proyectos en sus territorios.24 En resumen, TREES pone la responsabilidad de la implementación de muchas garantías de derechos indígenas a los gobiernos aliados a LEAF. Por lo tanto, el respeto de los derechos indígenas y la consulta a los pueblos serán tan fuertes como las políticas de los gobiernos a través de los cuales LEAF realice sus proyectos, y LEAF podrá evadir la responsabili- dad de las violaciones que ocurran por sus programas. De hecho, esta renuncia de responsabilidad al parecer ya está sucediendo: Levi Sucre Romero, coordinador de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques, recientemente criticó el enfoque “no intervencionista” de LEAF y expresó su preocupación de que “si no hay un mecanismo para asegurar [nuestros derechos], seremos víctimas de nuestros propios gobiernos y decidirán sobre nuestros bosques sin involucrar[nos]”.25
Motivo de preocupación
Dados los problemas de la Coalición LEAF con la integridad del medio ambiente, los derechos de los pueblos indígenas y la ecoimpostura corporativa, su Memorando de entendimiento (MDE) con Ecuador suscita preocupaciones serias sobre su efectividad. La implementación del gobierno ecuatoriano de programas forestales y climáticos, a la fecha, tiene una historia accidentada en cuanto a derechos indígenas y protección forestal. Las comunidades indígenas ecuatorianas que habitan los bosques, y los bosques en sí, enfrentan amenazas constantes de actividades extractivas y que dañan el clima, como la explotación petrolera y la minería, incluso contando con la aparente supervisión de programas existentes de protección forestal.
Y según el MDE ya referido, LEAF será gestionado a través de los programas existentes de protección de bosques. El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) de Ecuador planea canalizar los fondos de LEAF a través del actual Plan de Acción REDD+, una iniciativa nacional multianual cuyo objetivo es preservar los bosques y la biodiversidad al tiempo que se secuestran emisiones de carbono. Este plan abarca varios programas de protección de bosques, incluidos Socio Bosque y PROAmazonía. Aunque estos programas difieren en su implementación y región (PROAmazonía, por ejemplo, es exclusivo del Amazonas, mientras que Socio Bosque opera en todo el país), a fin de cuentas se adhieren al mismo paradigma: secuestro forestal de carbono con el fin de atraer inversiones climáticas internacionales, a través de mecanismos de financiamiento de las Naciones Unidas, como el Fondo Verde del Clima, y mediante la venta de créditos de compensación de carbono.
Hombres de la comunidad indígena A'i Cofán se reunieron el 5 de marzo de 2022 después de patrullar proyectos mineros a lo largo del río Aguarico. Foto de Johanna Alarcón / Reuters
Aunque la constitución ecuatoriana incluye disposiciones que parecen brindar protección en contra de programas explotadores del mercado de carbono, los defensores de este mercado han encontrado maneras para evadir dichas protecciones. Por ejemplo, el artículo 74 de la constitución ecuatoriana prohíbe la “apropiación” de “servicios ambientales”. Algunos jurisconsultos han interpretado esto como una forma de impedir la venta de créditos de compensación de car- bono, pues el secuestro de carbono puede considerarse un servicio ambiental. Sin embargo, la Coalición LEAF afirma que se atiene a esta regulación al impedir que los compradores de créditos ecuatorianos de carbono generados por LEAF puedan revenderlos. Además, Ecuador tiene un compromiso constitucional con CLPI (artículo 57), pero en la práctica esto solo ha significado una “consulta” con los pueblos indígenas, no un consentimiento verdadero. En febrero de 2022, la corte constitucional de Ecuador determinó que las consultas deben realizarse con la intención de lograr el consentimiento de las personas afectadas.26 A la fecha, sin embargo, no existen leyes que hagan cumplir el CLPI en Ecuador.
Congruente con estas garantías endebles, el Plan de Acción REDD+ de Ecuador (a través del cual la Coalición LEAF operaría) tiene un historial deficiente en lo que respecta a la consideración de los derechos indígenas. En teoría, programas como Socio Bosque y ProAmazonía están sujetos a las garantías de derechos humanos implementados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.27 En la práctica, sin embargo, la historia ha sido muy diferente. Aunque muchas comunidades se unen a estos programas pensando que protegerán los territorios de sus comunidades de la extracción, los programas forestales de Ecuador dedicados a reducir las emisiones en el Amazonas a menudo operan en las mismas áreas de bosques y de territorios indígenas donde el gobierno está expandiendo las actividades mineras y petroleras sin el consentimiento indígena.
La experiencia del pueblo Shuar Arutam (PSHA) es un ejemplo de cómo los programas REDD+ de Ecuador permiten a las industrias extractivas operar en territorios indígenas. El PSHA está compuesto por 47 comunidades con un total de 12,000 habitantes. Viven en su territorio ancestral, en el sur del Amazonas ecuatoriano, miembro de Socio Bosque desde 2008.28 Sin embargo, la industria minera también opera en esta área desde 1980. Aunque el PSHA se opone a la minería en sus territorios y participa en Socio Bosque, que brinda garantías de derechos indígenas y asegura un compromiso con el CLPI, la mayor parte de su tierra continúa siendo dominada por las grandes compañías mineras extranjeras como Solaris Resources Inc. (Recursos Solaris, de Canadá), SolGold (Australia), ExplorCobres S.A. (China y Canadá), y EcuaSolidus S.A (Canadá). Los líderes indígenas y sus familias, que se han opuesto a las actividades mineras, han sido sujetos a las amenazas y el acoso de las compañías mineras, la policía y el ejército ecuatoriano.29 Las comunidades PSHA han enfrentado intimidación y violencia que amenaza su estilo de vida y la salud de sus ecosistemas.
A pesar de estos fracasos significativos, Socio Bosque era una de las fuentes principales de ingresos para PSHA hasta que MAATE terminó el contrato, afirmando que el PSHA no cumplió con los requisitos del programa. Sin embargo, la implementación de Socio Bosque por parte del MAATE ha estado llena de irregularidades e inconsistencias. De acuerdo con el PSHA, el gobierno no proporcionó el apoyo para la correcta implementación del acuerdo y aun así permitió que las compañías mineras entraran al territorio del PSHA.30 La terminación del programa ha causado más dificultades económicas para el PSHA, creando divisiones entre comunidades y familias que podrían dejarlas más vulnerables a los chantajes de las compañías mineras, un resultado perverso de un programa destinado a la protección de los bosques.
El bosque protegido Kutukú-Shaimi, una de las áreas naturales más importantes en el Amazonas ecuatoriano, representa otro ejemplo de la naturaleza engañosa de los programas de carbono forestal en Ecuador. Sin llevar a cabo el proceso CLPI adecuado, el gobierno ecuatoriano autorizó a la compañía minera EcuaSolidus S.A. para operar dentro del territorio. Kutukú-Shaimi es parte del sistema de áreas protegidas por el MAATE, y algunas de sus poblaciones indígenas reciben compensaciones de Socio Bosque para proteger su territorio dentro del bosque. Además, el gobierno de Ecuador actualizó su plan de gestión del bosque a través de PROAmazonía. Pero este plan actualizado excluyó las demandas de la comunidad de declarar el territorio un área libre de minería, según José Esach, presidente del comité de defensa del bosque protegido Kutukú Shaimi, y las autoridades del Estado no han consultado a todas las comunidades que dependen del bosque, evadiendo así los procesos CLPI. Como resultado, la minería y la degradación medioambiental continúan dentro del territorio.
Las contradicciones flagrantes del gobierno de Ecuador en su adopción de los programas de financiarización de carbono forestal cuentan una historia clara: programas como el LEAF y REDD+ están siendo utilizados para permitir la continua priorización gubernamental de actividades extractivas e intereses económicos, en vez de garantizar los derechos colectivos. Los compromisos de Ecuador para proteger los territorios indígenas de la extracción son, en el mejor de los casos, cuestionables, y los programas de mercado de carbono crean la ilusión de progreso en sus compromisos NDC del Acuerdo de París.
Estas discrepancias se amplifican más por la importancia que tienen el gas y el petróleo en el plan de desarrollo nacional ecuato- riano. El presidente Guillermo Lasso se ha comprometido a duplicar la extracción de petróleo, y abrió las compañías estatales de petróleo a inversiones privadas en un intento por aumentar dramáticamente su producción.31 A menudo, esta extracción petrolera amenaza tierras indígenas, incluso en áreas donde los programas de conservación forestal supuestamente operan.
Por ejemplo, según el documento NDC de Ecuador de 2019, el gobierno planea lograr una mitigación del cambio climático adicional a través de la reducción de llamaradas —la práctica irresponsable y contaminante de quemar productos derivados de la extracción de gas natural— en el proceso de combustión de gases y el uso de menos gas para la producción de electricidad. Sin embargo, el gobierno ecuatoriano no ha tomado pasos significativos para cumplir con esta política, lo que genera dudas sobre su compromiso en la mitigación del cambio climático. De hecho, el gobierno continúa otorgando autorizaciones a las compañías de combustibles fósiles que realizan llamaradas de gas natural en más de 447 sitios a lo largo del Amazonas ecuatoriano, contaminando el aire de las comunidades locales. Las poblaciones afectadas interpusieron una demanda en febrero de 2020 en la corte de justicia de la provincia de Sucumbíos, alegando impactos a la salud y violaciones a los derechos de la naturaleza, consagrados en la constitución ecuatoriana. Además, aunque la corte determinó en julio de 2021 que todas las llamaradas cercanas a los pueblos afectados debían descontinuarse en los próximos 18 meses, el gobierno ecuatoriano sigue permitiéndolas en esas áreas.32 No sorprende, entonces, que la líder Kichwa Patricia Gualinga, activista indígena ecuatoriana e integrante del colectivo Mujeres Amazónicas, haya llamado a los programas de créditos de carbono “hipocresía pura”, pues nota que dichos pro- gramas son “una forma de comercializar los bosques tropicales que ya son protegidos por los pueblos indígenas”.33
No todos los programas REDD+ existentes en Ecuador producen créditos de compensación de carbono. Sin embargo, los programas mercantiles de conservación como REDD+ financiarizan el carbono forestal convirtiendo a los bosques naturales en áreas comercializa- das y crean una red burocrática de esquemas regulatorios que son inaccesibles para los pueblos indígenas sujetos a ellos. Que la Coalición LEAF haya sumado las compensaciones empresariales de car- bono a la mezcla, añade otra capa más de contabilidad engañosa y ecoimpostura que permitiría al gobierno de Ecuador continuar con la violación de los derechos indígenas y, simultáneamente, fomentar la contaminación corporativa.
Más allá de LEAF
Los pueblos indígenas en Ecuador y aquellos a lo largo de la cuenca amazónica enfrentan decisiones difíciles sobre la preservación de su soberanía y la protección de su tierra natal ante la presencia de compañías extractivas y políticas gubernamentales. Financiar la protección forestal, al otorgar pagos a los pueblos indígenas para que dirijan programas comunitarios, puede ser una herramienta efectiva para proteger los bosques y fortalecer las comunidades indígenas. Sin embargo, proteger los bosques sin reducir las emisiones de combustibles fósiles no es una solución climática. De esta forma, adherir fondos forestales a los esquemas de mercado de carbono puede distraer de la acción climática real y de un financiamiento para pueblos indígenas que sea directo y reparativo para los bosques y el clima.
El acuerdo de la Coalición LEAF con el gobierno de Ecuador amenaza con expandir los programas de carbono forestal que han permitido a compañías extractivas operar en los territorios de pueblos indígenas, al tiempo que otorga créditos de compensación de carbono y brinda prestigio a través de la ecoimpostura a compañías y gobiernos de países ricos que, rutinariamente, violan los derechos indígenas, destruyen bosques y agravan la crisis climática. Conforme la Coalición LEAF expande sus operaciones hacia otros países, activistas y comunidades deben estar en guardia, porque existen pocas razones para creer que el patrón de engaños y perpetuación de prácticas extractivas cambiará.
En el corto plazo, la Coalición LEAF y el gobierno ecuatoriano pueden evitar algunos de los peligros mencionados en este artículo honrando el derecho de soberanía y autodeterminación de los pue- blos indígenas; podrían llevar a cabo procesos robustos de CLPI y asegurarse de que los derechos territoriales de los pueblos indígenas sean protegidos, en particular de actividades extractivas como la minería y la exploración de gas y petróleo. Además, las comunidades indígenas deben ser compensadas justamente por su participación en programas LEAF. No obstante, dados los problemas inherentes a la compensación de carbono, es difícil que programas como la Coalición LEAF brinden soluciones durables y a largo plazo para los derechos indígenas, protección forestal o cambio climático.
¿Qué puede hacerse, entonces, para proteger los bosques, mejorar la soberanía indígena y detener el cambio climático? Irónicamente, parte de la respuesta está en las raras instancias donde los programas de compensación de carbono han tenido algo de éxito. Los proyectos de compensación REDD+ en el valle Yaeda al norte de Tanzania y en la selva de Matavén en Colombia han canalizado efectivamente los recursos a comunidades indígenas de una forma que mejora su modo de vida y sana los ecosistemas.34 Estos programas han demostrado la verdad esencial que los pueblos indígenas y los activistas por la justicia ambiental han declarado desde hace años: financiar proyectos de conservación verdaderamente liderados por indígenas, que se basen en la cooperación, el control comunitario y la consagración de los derechos de las tierras, es una de las mejores maneras de proteger los bosques y fortalecer la soberanía de las comunidades.
Sin embargo, incluso estos programas de compensaciones que fueron moderadamente exitosos tienen serios problemas que ejemplifican la naturaleza inviable de las compensaciones como solución para el cambio climático. El “Yaeda-Eyasi Landscape REDD Project” (Proyecto REDD paisaje de Yaeda-Eyasi) en Tanzania vende créditos de carbono a myclimate, una compañía europea que ofrece com- pensaciones de carbono a compañías que dañan el clima, incluidas aerolíneas y corporaciones de combustibles fósiles.35 Mientras tanto, el proyecto REDD+ en la Selva de Matavén ha reportado un conteo excesivo de créditos de carbono, sobrestimando así su impacto en el clima.36
Estos problemas ilustran la contradicción fundamental en el centro de las compensaciones de carbono: comerciar con créditos de carbono perpetúa, invariablemente, las emisiones de carbono que impulsan el cambio climático. El aumento en las temperaturas ya empezó a desestabilizar los delicados ecosistemas de la selva tropical amazónica, y en África subsahariana ha provocado sequías y temperaturas abrasadoras. En la práctica, entonces, aun cuando los programas de compensación de carbono se traducen en beneficios inmediatos para los pueblos indígenas que habitan los bosques, estos beneficios están supeditados a mantener los propulsores del cambio climático que amenazan, precisamente, a los ambientes de los que dependen: una perversión total de la justicia climática.
Hemos visto que priorizar las finanzas climáticas para programas de conservación comunitaria y a cargo de pueblos indígenas puede tener resultados notables, pero debe hacerse sin condiciones y libres de cualquier esquema de compensación o de modelos de paga-por-contaminar que faciliten las continuas emisiones de car- bono en otros lugares. Los programas de conservación deben ser gobernados equitativamente por los pueblos indígenas y cumplir con CLPI antes de cualquier decisión que afecte la integridad y el balance social o ambiental de las comunidades indígenas. Si bien la reparación y preservación de sumideros de carbono puede tener un impacto climático importante, no se puede confiar en las compensaciones para reducir las emisiones a escala. En vez de eso, debemos reducir rápidamente el consumo de petróleo y gas mediante un cese inmediato en la exploración y perforación en tierras indígenas.
Podemos encontrar inspiración en los Kichwa de Sarayaku en el Amazonas ecuatoriano. A través de un largo proceso comunitario de toma de decisiones, las personas de Sarayaku desarrollaron su pro- puesta Kawsak Sacha (“El bosque viviente”), que crearía una nueva clasificación de conservación reconocida internacionalmente, permitiendo a los pueblos indígenas practicar una administración tradicional de sus territorios, libre de actividades extractivas por parte de corporaciones mineras, combustibles fósiles o agronegocios. A fin de cuentas, apoyar iniciativas como Kawsak Sacha no solo promueve la justicia ambiental y los derechos indígenas, también provee una solución más efectiva para preservar los bosques que aquella de la Coalición LEAF o programas de compensación similares. Los actores de la sostenibilidad corporativa harían bien al recordar esto cuando piensen en cómo cumplir sus compromisos sociales y ambientales.
- Notas
-
1 La Casa Blanca, “Fact Sheet: President Biden’s Leaders Summit on Climate” (Ficha informativa: Cumbre de líderes sobre el clima, del Presidente Biden), abril 23, 2021.
2 Emergent, “Leaf Coalition Mobilizes $1 Billion for Tropical Forest Conservation” (La Coalición LEAF moviliza mil millones de dólares para la conservación de bos- que tropical), mayo 3, 2022.
3 Shane Coffield y James Randerson, “Satellites Detect No Real Climate Benefit from 10 Years of Forest Carbon Offsets in California” (Satélites no detectan ningún be- neficio climático real tras diez años de compensaciones forestales de carbono en California), The Conversation, diciembre 1, 2022; Kate Dooley et al., “Carbon Re- movals from Nature Restoration Are No Substitute for Steep Emission Reductions” (Capturas de carbono por restauración de naturaleza no sustituyen a una pronun- ciada reducción de emisiones), One Earth, vol. 5, no. 7, 2022; Thales A. P. West et al., “Overstated Carbon Emission Reductions from Voluntary REDD+ Projects in the Brazilian Amazon” (Reducciones sobrestimadas de emisiones de carbono de proyectos voluntarios REDD+ en la Amazonia brasileña), Proceedings of the Natio- nal Academy of Sciences, vol. 117, no. 39, 2020.
4 Amazon Watch, “The Amazon Rainforest-Sized Loophole in Net Zero” (La laguna del tamaño de la selva tropical amazónica en la energía neta cero), octubre 20, 2021.
5 Kathryn Baragwanath y Ella Bayi, “Collective Property Rights Reduce Deforesta- tion in the Brazilian Amazon” (Derechos colectivos de propiedad reducen la de- forestación en la Amazonia brasileña), Proceedings of the National Academy of Sciences, vol.117, no. 34, 2020; Jocelyne S. Sze et al. “Reduced Deforestation and Degradation in Indigenous Lands Pan-Tropically” (Reducción de la deforestación y degradación en territorios indígenas pantropicales), Nature Sustainability, vol. 5, no. 2, 2021.
6 Amazon Watch, “Investing in Amazon Crude II” (Invertir en el crudo amazónico II), junio 3, 2021.
7 Amazon Watch, “Banking on Amazon Destruction” (Apostar por la destrucción del Amazonas”), noviembre 4, 2021.
8 Vincent Ricci, “A Year After Ecuador Oil Spill, Indigenous Victims Await Justice, Reparations” (Tras un año del derrame petrolero en Ecuador, las víctimas indíge- nas esperan justicia y compensaciones), Mongabay, abril 29, 2021.
9 Andrew Wasley y Alexandra Heal, “Walmart Selling Beef from Firm Linked to Amazon Deforestation” (Walmart vende carne de empresa ligada a la deforestación en el Amazonas), The Guardian, febrero 13, 2021.
10 Thomas Day et al. “Corporate Climate Responsibility Monitor 2022” (Responsabi- lidad climática empresarial reporte 2022), NewClimate Institute, febrero 7, 2022.
11 Prerana Bhat, “Carbon Needs to Cost at Least $100/Tonne Now to Reach Net Zero by 2050: Reuters Poll” (El carbono debe costar al menos cien dólares por tonelada ahora para alcanzar el cero neto en 2050: encuesta de Reuters), Reuters, octubre 25, 2021.
12 Tamra Gilbertson, “Carbon Pricing: A Critical Perspective for Community Resis- tance” (Precio del carbono: una perspectiva crítica para la resistencia comunitaria), Indigenous Environmental Network and Climate Justice Alliance, noviembre 2017.
13 Lisa Song, “Cap and Trade Is Supposed to Solve Climate Change, but Oil and Gas Company Emissions Are Up” (El sistema de comercio de derechos de emisión de- bía resolver, supuestamente, el cambio climático, pero las emisiones de las compa- ñías petroleras y de gas están al alza), ProPublica, noviembre 15, 2019.
14 Jocelyn Timperley, “The Broken $100-Billion Promise of Climate Finance—and How to Fix It” (La promesa incumplida de cien mil millones de dólares de las fi- nanzas climáticas y cómo solucionarla), Nature, octubre 20, 2021.
15 Chloé Farand, “‘Betrayal’: US Approves Just $1bn Climate Finance for Developing Countries in 2022” (Traición: EUA aprueba solo mil millones de dólares de finan- ciación climática para países en desarrollo en 2022), Climate Home News, marzo 11, 2022.
16 Jason Hickel, “Quantifying National Responsibility for Climate Breakdown: AnEquality-Based Attribution Approach for Carbon Dioxide Emissions in Excess of the Planetary Boundary” (Cuantificar la responsabilidad nacional del colapso Ambiental: un enfoque basado en la atribución equitativa para las emisiones de dióxido de carbono excedentes de la frontera planetaria), The Lancet Planetary Health, vol. 4, no. 9, 2020.
17 H. Damon Matthews et al., “Temporary Nature-Based Carbon Removal Can Lower Peak Warming in a Well-Below 2° C Scenario” (Captura natural y temporal de car- bono puede disminuir el calentamiento máximo muy por debajo de una hipótesis de 2° C), Communications Earth & Environment, vol. 3, no. 1, 2022.
18 Thiago Chagas et al. “A Close Look at the Quality of REDD+ Carbon Credits” (Una mirada detallada a la calidad de los créditos de carbono REDD+), Climate Fo- cus, marzo 20, 2020.
19 Architecture for REDD+ Transactions (ART), “The REDD+ Environmental Exce- llence Standard (TREES)” (El estándar de excelencia ambiental REDD+), agosto 2021.
20 Ibid.
21 James Temple and Lisa Song, “The Climate Solution Actually Adding Millions of Tons of CO2 into the Atmosphere” (La solución para el clima en realidad suma mi- llones de toneladas de CO2 a la atmósfera), MIT Technology Review, abril 29, 2021.
22 Architecture for REDD+ Transactions (ART), “The REDD+ Environmental Exce- llence Standard (TREES)” (El estándar de excelencia ambiental REDD+).
23 YouTube, “Leaf Coalition US Leaders Summit Launch Event” (Evento de lanza- miento de la Cumbre de líderes de la Coalición LEAF de EU), abril 23, 2021.
23 YouTube, “Leaf Coalition US Leaders Summit Launch Event” (Evento de lanza- miento de la Cumbre de líderes de la Coalición LEAF de EU), abril 23, 2021.
25 Ann Danaiya Usher, “Growing Frustration among Indigenous Leaders with Forest Carbon Scheme Leaf,” (Crece la frustración entre líderes indígenas por el esquema Leaf de carbono forestal), Development Today, noviembre 3, 2022.
26 Kimberley Brown, “Ecuador’s Top Court Rules for Stronger Land Rights for Indi- genous Communities” (Corte máxima de Ecuador falla a favor de derechos de tie- rras más fuertes para las comunidades indígenas), Mongabay, febrero 9, 2022.
27 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, “UNDP Social and Environ- mental Standards” (PNUD estándares sociales y ambientales), enero 1, 2021.
28 Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), “Pueblo Shuar Arutam y Sal- vaguardas Socioambientales,” diciembre 2017.
29 Leila Salazar-López, “Inspiration, Healing, and Resistance from Amazonian Women Defenders!” (Inspiración, sanación y resistencia de las mujeres defensoras del Amazonas) Amazon Watch, abril 12, 2022.
30 Indigenous Environmental Network, “Letter from the Shuar Arutam People to the Country & the World” (Carta del pueblo Shuar Arutam para el país y el mundo), junio 30, 2021.
31 Argus, “Ecuador Accelerates Oil Opening as Transition Looms” (Ecuador acelera la apertura al petróleo conforme se avecina la transición), diciembre 3, 2021.
32 Radio La Calle, “El Estado Ecuatoriano Incumplió Sentencia en el Caso Mecheros,” abril 20, 2022.
33 Astrid Arellano, “‘Indigenous People Are Fighting to Protect a Natural Equilibrium’: Q&A with Patricia Gualinga” (Pueblos indígenas están luchando por proteger un equilibrio natural: entrevista con Patricia Gualinga), traducido por Matthew Rose, Mongabay, mayo 5, 2022.
34 Fred Pearce, “In Tanzania, Carbon Offsets Preserve Forests and a Way of Life” (En Tanzania, las compensaciones de carbono preservan los bosques y un estilo de vida), Grist, junio 2, 2022; John Edward Myers et al. “How Carbon Offsetting Can Build a Forest” (Cómo las compensaciones de carbono pueden construir un bosque), Stanford Social Innovation Review, noviembre 9, 2021.
35 myclimate, “Energiapro—Offsetting 100% of Natural Gas Emissions” (Energiapro —Compensando el 100% de las emisiones de gas natural).
36 Gilles Dufrasne, “Two Shades of Green: How Hot Air Forest Credits Are Being Used to Avoid Carbon Taxes in Colombia,” (Dos tonos de verde: cómo los créditos forestales de carbono se están usando para evitar los impuestos de carbono en Colombia), Carbon Market Watch, junio 30, 2021.
|
Autores originales:
-
Roshan Krishnan es un activista de finanzas climáticas en Amazon Watch, donde ayuda a dirigir el trabajo de la organización en temas relacionados con los mercados de carbono y la justicia climática.
-
Sofía Jarrín Hidalgo es la Asesora de defensa de Ecuador en Amazon Watch, donde colabora en la estrategia y dirige campañas con comunidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana.
-
Marianna Fuchs fue practicante en Amazon Watch y es defensora de los derechos de la naturaleza, con experiencia en gestión de recursos ambientales y relaciones internacionales.
|
Este artículo es contenido original de la revista de Stanford Social Innovation Review publicado en la edición primavera 2023.
- Traducción del artículo The Problem with Carbon Offsets por Carlos Calles
|
-
Recomendados para ti
|
Hora de terminar con la industria de los combustibles fósiles
|
Si la humanidad quiere sobrevivir a la crisis climática, debemos gestionar una transición justa y ordenada lejos de los combustibles fósiles. Los modelos adecuados para esta resolución son el triaje, la eutanasia y los cuidados paliativos.
|
|
La revolución energética comunitaria
|
Este consorcio escocés promueve la generación de energía renovable y de propiedad colectiva. Nos da lecciones sobre cómo replicar el modelo en otras partes del mundo. |