Una mirada a las innovaciones que están arraigándose en Brasil para preservar ecosistemas en peligro y fomentar la equidad socioeconómica.
"Nos dimos cuenta de que para garantizar el futuro de la Amazonia teníamos que encontrar la forma de preservar la selva y, al mismo tiempo, desarrollar la economía de la región... aceptamos que la Amazonia no podía convertirse en una especie de santuario que nadie pudiera tocar. Por otra parte, sabíamos que era importante detener la deforestación que amenaza a la Amazonia y a toda la vida humana del planeta. Pensamos que nuestra alternativa debía involucrar la preservación de la selva, pero también debía incluir un plan para desarrollar la economía."
Esta perspectiva puede sonar moderna, pero el cauchero, líder sindical y activista medioambiental y agrario Chico Mendes dijo estas palabras hace más de 35 años en una entrevista con el ecologista Tony Gross. Documentadas en el libro Fight for the Forest: Chico Mendes in His Own Words, la entrevista de 1988 fue su última. Semanas después, los acaparadores de tierras y los ganaderos de la zona de Xapuri, en Acre, ordenaron que lo mataran.
Mendes murió habiendo alcanzado el reconocimiento internacional, incluido el Premio Global 500 de las Naciones Unidas y el Premio de Medio Ambiente de la Better World Society. Un visionario, organizó la lucha por una exploración sostenible e integradora de la selva amazónica e inspiró a generaciones de activistas medioambientales de todo el Sur Global.
El principio básico de su pensamiento -que la equidad socioeconómica es el núcleo político de la lucha por la justicia medioambiental- puede guiarnos hoy a la hora de evaluar acciones eficaces y transformadoras que aborden los retos relacionados con el clima. La asignación equitativa de cargas y beneficios debe sustentar la lucha por la justicia medioambiental, incluidas las soluciones locales (como la creación de reservas de extracción en Xapuri) y las globales (como el establecimiento de controles de las emisiones de carbono).
Si queremos encontrar soluciones al singular desafío climático al que se enfrenta nuestra generación, las lecciones de Chico Mendes y, en particular, el papel central de la equidad, pueden servir de referencia para evaluar acciones eficaces y transformadoras. Las ideas de Mendes y la teoría actual de la justicia climática ponen de relieve tres dimensiones distintas pero igualmente importantes de esta lucha: la existencia de responsabilidades intergeneracionales diferenciadas, el reconocimiento de obligaciones de justicia global y el respeto del derecho de las poblaciones locales a participar. Considerar detenidamente estos aspectos y las posibles consecuencias de ignorarlos es esencial para desarrollar intervenciones compatibles.
Responsabilidades intergeneracionales
Nuestra generación -quienes vivimos actualmente en el planeta- tiene la oportunidad única de evitar una catástrofe climática en lo que respecta tanto a nuestro modo de vida como a la biodiversidad. No obstante, soluciones como la transición a las energías renovables aún no han tenido éxito. Parte del problema se debe a una valoración errónea de nuestra situación moral. Desde el punto de vista de la justicia climática, ésta es nuestra última oportunidad de evitar decenas de puntos de inflexión climáticos, incluido el mantenimiento no sólo del sistema de regulación climática de la Amazonia (que sustenta la biodiversidad y a quienes dependen de los recursos de la selva), sino también de todo el ciclo pluvial sudamericano. Si no actuamos, la región podría convertirse en una sabana tropical con consecuencias apocalípticas en las poblaciones locales, la producción agrícola nacional y la dinámica global de calentamiento de la Tierra.
Encontrar el camino hacia un sistema energético mundial sin emisiones de carbono exigirá un nivel sin precedentes de acción humana colectiva y un difícil aprendizaje institucional. Sin embargo, los problemas políticos aparentemente irresolubles empiezan a ser más factibles en cuanto establecemos derechos y responsabilidades básicas para todas las partes implicadas. También está claro que, para avanzar, algunas poblaciones tienen más responsabilidad histórica y política que otras. Dado que una parte considerable de las emisiones de dióxido de carbono que se han acumulado en la atmósfera procede del desarrollo industrial del Norte Global, quienes se han beneficiado y siguen beneficiándose de ese desarrollo tienen un mayor deber de contribuir a equilibrar el desigual e injusto sistema energético mundial.
Justicia global
Además de no beneficiarse por igual del sistema energético actual, muchas de las primeras víctimas de la alteración del medio ambiente son las personas que más dependen de los ecosistemas amenazados, y prácticamente no influyen en las emisiones.
Debatir sobre la justicia climática sin tener en cuenta las responsabilidades intergeneracionales, por un lado, y las injusticias sociales, por otro, tiene el potencial de fomentar sistemas socioambientales normativamente opresivos y, en consecuencia, políticamente inestables. Por lo tanto, las políticas de mitigación de emisiones deben seguir el principio antipobreza del filósofo político Darrell Moellendorf: "Los esfuerzos políticos para evitar un cambio climático peligroso deben tener en cuenta las capacidades diferenciales de los Estados para absorber los costes de la protección, o tales esfuerzos corren el riesgo de crear sus propias trampas de pobreza". En otras palabras, la carga de las obligaciones climáticas no debe recaer en las poblaciones que dependen de fuentes de energía baratas para garantizar su supervivencia y participación social.
Conocimiento y participación locales
El tercer ámbito de la equidad se refiere a la inclusión epistémica y política de las poblaciones directamente afectadas por el cambio medioambiental. Los recolectores y extractores de caucho como Chico Mendes han impulsado la búsqueda de soluciones justas y sostenibles en la Amazonia. "Nuestra lucha es la lucha de todos los pueblos de la selva", dijo Mendes en su última entrevista. Como tal, no pretendía homogeneizar su lucha ni imponer una lógica paternalista a las distintas comunidades afectadas por la deforestación. Al contrario, pretendía destacar el hecho de que sólo una vez que todas las partes implicadas fueran capaces de articular sus intereses en sus propios términos, podrían forjar alianzas políticas equitativas y estables.
Como hemos aprendido de Amartya Sen y otros economistas y filósofos, la justicia implica dar poder a las personas y a los grupos, y garantizar que son libres de elegir lo que quieren ser y hacer. Los indicadores y métricas de la justicia climática deben centrarse siempre en las personas y sus deseos. Escuchar a las poblaciones locales es importante no sólo porque son las que más pueden perder, sino también porque pueden ayudar a encontrar nuevas respuestas a los problemas que han heredado.
Innovaciones en justicia medioambiental
Quizá el legado más perdurable en la lucha por la justicia medioambiental en la Amazonia ha sido la audacia intelectual y la innovación institucional que hay detrás de las reservas de extracción y las reservas de desarrollo sostenible. La creación de reservas socioambientales gestionadas localmente en tierras públicas ha promovido un modelo de desarrollo ecológicamente responsable, económicamente inclusivo y políticamente participativo dentro de la agenda ecológica mundial. Entre 1990 y 2018, ingresaron al Sistema Nacional de Unidades de Conservación de la Naturaleza 94 reservas extractivas, que garantizan el sustento de las poblaciones locales (basadas en el extractivismo, la agricultura de subsistencia y la cría de animales menores), y 36 reservas de desarrollo sostenible, o áreas naturales que albergan poblaciones nativas. Este logro fue el resultado del trabajo de movimientos sociales ecologistas, incluidos activistas y científicos que trabajaron conjuntamente con diferentes coaliciones gubernamentales. En la actualidad, las reservas abarcan aproximadamente 64 millones de acres de tierras y aguas públicas, es decir, alrededor del 4,73% de la superficie total de la Amazonia. Junto con las reservas indígenas, estas zonas constituyen la primera línea de defensa contra la explotación económica depredadora de los recursos ecológicos.
Sin embargo, la urgente necesidad de abordar la crisis climática y de navegar por diversos contextos económicos, sociales y ecológicos exige el desarrollo de nuevas prácticas políticas transformadoras adaptadas a contextos medioambientales y económicos distintos. De hecho, el verdadero legado teórico de Mendes reside en la audacia política de las protecciones medioambientales equitativas, no en la reproducción sin sentido de enfoques ya existentes.
Dos ejemplos exitosos de expansión y diversificación de soluciones socioambientales son la recuperación de ecosistemas degradados mediante proyectos de agricultura comercial regenerativa y programas locales de transición energética como la instalación de paneles fotovoltaicos en suburbios de clase trabajadora. Los principios de justicia ambiental impulsan ambas innovaciones sociales.
Agricultura regenerativa
Los proyectos de agricultura regenerativa se basan en la idea de que la mejor manera de garantizar una producción agrícola diversificada, sostenible y resiliente ante la volatilidad del clima es imitar los ecosistemas autóctonos mediante la agrosilvicultura, por ejemplo, rehabilitando zonas de la Mata Atlántica brasileña dañadas por la sobreexplotación agrícola y la expansión desordenada de infraestructura urbana en las principales zonas agrícolas. La integración de las cadenas de suministro en las zonas agroforestales y urbanas permite rehabilitar las zonas forestales degradadas por la producción de monocultivos, proporciona beneficios económicos sostenibles a los productores locales y favorece los sistemas de conocimientos tradicionales en armonía con la diversidad y el verdadero potencial ecológico de la región.
En un intento por superar los retos logísticos y financieros de la agricultura regenerativa, proyectos como el centro de inteligencia agroforestal Pretaterra pretenden establecer cadenas locales de producción y distribución de frutas, verduras, algodón y fibras orgánicas cerca de los principales centros urbanos, y hacer que las cadenas de distribución mundiales adopten normas agroecológicas mediante alianzas estratégicas. Otro ejemplo de política agroecológica exitosa es Frente Alimenta, una iniciativa centrada en promover la producción agrícola ecológicamente adaptable cerca de los centros urbanos para aumentar la seguridad alimentaria. En el primer semestre de 2024, Frente Alimenta donó más de 80 toneladas de alimentos al tiempo que proporcionaba ayuda financiera a los cocineros locales para que invirtieran en infraestructura y equipamiento.
Actualmente se están llevando a cabo esfuerzos agroecológicos en unos 32 millones de acres y tienen un considerable potencial de expansión; las nuevas herramientas de datos geoespaciales y los censos agrícolas profundos pueden proporcionar información que ayude a la elaboración de políticas públicas y a la realización de inversiones específicas. Además, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y otras organizaciones están proporcionando una gran cantidad de datos detallados con referencias geográficas y actividades de formación para ayudar a identificar las zonas degradadas, seleccionar las técnicas de restauración adecuadas, supervisar los avances, optimizar la asignación de recursos y colaborar con las comunidades locales.
Transición energética local
Mientras tanto, la creación de cooperativas de energía solar en comunidades suburbanas de clase trabajadora está atendiendo una doble demanda. Cumple los requisitos de la transición energética y contribuye a las reparaciones históricas relacionadas con el acceso de las poblaciones urbanas marginadas a la energía, proporcionándoles servicios estables, seguros y, lo que es más importante, asequibles.
Dos iniciativas en curso en Río de Janeiro ilustran con éxito esta combinación de energías renovables e independencia energética. Asociaciones de residentes de las comunidades urbanas pobres de Chapéu Mangueira y Babilônia están organizando la implantación, producción y venta de excedentes de energía solar. Mediante la instalación de paneles solares en casas y negocios locales, pretenden reducir los costes energéticos y promover la sostenibilidad en la comunidad. El sistema está diseñado para ser autosuficiente desde el punto de vista energético, lo que permite a los residentes consumir la energía sobrante o venderla a la red.
Como el sexto productor mundial de energía solar, Brasil cuenta con más de 2.500 cooperativas de energía solar, con una capacidad instalada combinada de unos 500 megavatios. Esta producción es aún reducida en comparación con la cantidad de energía generada por todas las fuentes de energía del país e incluso en relación con la producción de energía solar no cooperativa (37,4 gigavatios). Sin embargo, los beneficios de cooperativas como las de Río van mucho más allá de la capacidad total. Garantizan derechos básicos a través de servicios públicos históricamente negados a determinados grupos sociales, además de transferir tecnología y conocimientos a poblaciones a menudo excluidas del mercado laboral formal. De hecho, la financiación de la producción local de energía sostenible puede apoyar la expansión del conocimiento entre poblaciones económicamente vulnerables y políticamente marginadas.
Ya que inscriben a personas que viven en la zona y valoran los conocimientos locales, las cooperativas también generan empleo e ingresos. También, reducen la pobreza energética, un problema persistente en todo el Sur Global, especialmente en las comunidades rurales y en la periferia de las grandes ciudades. En Brasil, hasta el 11% de los hogares sufren algún tipo de pobreza energética extrema, mientras que muchos más luchan contra la inestabilidad del suministro y los altos costes. Además, la vulnerabilidad climática está directamente relacionada con la pobreza energética: las comunidades con un acceso inadecuado a la energía son menos capaces de adaptarse y responder a fenómenos meteorológicos extremos. Lamentablemente, en el contexto de la mitigación del carbono, la política climática dominante niega el desafío de la inclusión energética equitativa en todo el mundo. En las regiones pobres, las transiciones energéticas basadas en la cooperación pueden mitigar el carbono, crear riqueza y mejorar la resiliencia eléctrica simultáneamente.
Un sistema climático estable es indispensable para la vida planetaria, la prosperidad económica, la reducción de la pobreza y el bienestar universal. Para alcanzar estos objetivos, las políticas de financiación medioambiental deben dar prioridad a la innovación social e inspirarse en el rico tapiz de luchas medioambientales locales. Al centrarse en la equidad y defender enfoques transformadores y ascendentes, estas políticas pueden liberar todo el potencial de las soluciones lideradas por la comunidad, fomentando un futuro resiliente y justo para todos. La vanguardia de los movimientos por la justicia climática y medioambiental ya ha incorporado estas ideas. Ahora corresponde a la corriente dominante de la política verde ponerse al día.
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Autores originales:
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Este artículo es contenido original de la revista de Stanford Social Innovation Review Brasil.
- Traducción del artículo O lugar da equidade para a justiça climática no Brasil / The Role of Equity in Climate Justice in Brazil por Carla Aguilar con apoyo de DeepL.
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