Los sistemas participativos de garantía de México empoderan a los pequeños agricultores a competir con los grandes productores que cuentan con certificación ecológica.
En Jalisco, el estado mexicano famoso por su tequila, los exportadores han agotado los recursos naturales de la región. Las onduladas colinas que rodean la capital, Guadalajara, de las que durante mucho tiempo se decía que «daban todo tipo de cultivos», están ahora tan resecas que las grietas se adentran varios metros en el suelo.
La humedad que antes se almacenaba en la tierra ahora se lleva en cajas de arándanos, frambuesas y aguacates, con destino a los supermercados de todo el mundo y a los desayunos saludables de los consumidores, mientras que la salud de Jalisco se encuentra en crisis.
No solo sufre el suelo. Las comunidades agrícolas, que antes eran ricas en alimentos nutritivos y culturalmente significativos, luchan por conectar con los clientes y entre ellas. Las economías sociales que sustentaban su trabajo se están desmoronando a medida que los conocimientos y prácticas tradicionales se desvanecen, sin transmitirse ya a las generaciones futuras.
Quienes luchan por la agroecología comprenden la urgencia de la crisis. En español, «campesino» —a menudo traducido al inglés como peasant— transmite un sentido de orgullo e identidad política que la traducción al inglés no logra captar. La palabra representa una larga historia de organización política, frustración económica y cuidado de cada persona y especie del ecosistema agrícola.
A medida que aumentan las presiones medioambientales, los campesinos están desarrollando formas creativas de mantener sus sistemas alimentarios y subsistencia. Su modelo, conocido como «red alimentaria alternativa» (RAA), incluye una serie de prácticas que se oponen a la industrialización agrícola de la economía global. Las RAA dan prioridad a la proximidad, la sostenibilidad y las colaboraciones a lo largo de toda la cadena de suministro. En Guadalajara, los agricultores y los consumidores con mentalidad agroecológica llevan organizando RAA basadas en el mercado desde 1996. Aunque desafían las lógicas capitalistas extractivas, estos modelos tienen dificultades para competir con los bajos precios de los conglomerados agrícolas a gran escala.
Los precios de los productos ecológicos ofrecen un rayo de esperanza, al demostrar que algunos clientes están dispuestos a pagar más por alimentos producidos de forma agroecológica. Sin embargo, convertirse en un productor ecológico certificado —un proceso largo, burocrático y costoso para el campesino promedio— no es viable para muchas pequeñas parcelas. Para ayudar a los campesinos a competir con los productores ecológicos certificados, los sistemas participativos de garantía (SGP) utilizan un enfoque comunitario en el que los agricultores, los consumidores y los actores locales evalúan las prácticas de producción.
La fuerza de base
Los SPG surgieron de los movimientos ecologistas y cooperativistas de la Europa de los años setenta, donde grupos de pequeños agricultores y consumidores comenzaron a experimentar con sistemas de rendición de cuentas a nivel local. Estos grupos cobraron impulso en América Latina en la década de los noventa con la Rede Ecovida de Agroecología de Brasil, una red de agricultores y consumidores del sur de Brasil que evaluaba las explotaciones agrícolas al tiempo que promovía la agroecología y la soberanía alimentaria. Su éxito inspiró la creación de sistemas similares en México y en toda la región.
La versión mexicana de los SPG, la Red Mexicana de Tianguis y Mercados Orgánicos, se creó a principios de la década de 2000. La Red se basó en décadas de organización campesina y experimentos de mercados alternativos en Guadalajara. Para estos grupos, la certificación nunca fue solo una cuestión técnica: era intrínsecamente política. La certificación reflejaba la autonomía campesina y la resistencia colectiva a un modelo agrícola impulsado por las exportaciones que agotaba los recursos locales. Los campesinos construyeron credibilidad y relaciones de confianza con los consumidores a través de visitas regulares a las parcelas, talleres y asambleas.
El impacto de los SPG de base fue reconocido en la política federal en 2006 con la aprobación de la Ley de Productos Orgánicos (LPO) de México, un compromiso para promover la «certificación orgánica participativa de la producción familiar o de los pequeños productores». Las enmiendas de 2010 otorgaron a los SPG el estatus oficial de Sistemas de Certificación Orgánica Participativa (SCOP), una designación limitada a los pequeños productores o a los de base familiar que venden directamente a los consumidores.
El reconocimiento oficial aportó varios beneficios a los SPG. Los campesinos tienen ahora acceso legal al mercado nacional de productos orgánicos y pueden vender bajo la etiqueta «orgánico» sin costos de certificación prohibitivos. Los SPG también han validado los sistemas de conocimiento de base en un entorno normativo que a menudo favorece a la agroindustria. Han demostrado que los modelos de certificación alternativos pueden coexistir con los sistemas de terceros, allanando el camino para una adopción global más amplia.
Hoy en día, los SPG operan en docenas de redes que varían en tamaño, ubicación geográfica y estructura. Algunas tienen su base en tianguis o mercados de agricultores semanales, cooperativas y asociaciones regionales que conectan a múltiples comunidades. La verificación es un proceso social: los campesinos invitan a los consumidores a sus parcelas, debaten sobre las prácticas en reuniones abiertas y difunden conocimientos de formas que refuerzan la producción y los lazos comunitarios. Si bien el reconocimiento estatal a través de la LPO confiere legitimidad jurídica, la vitalidad de los SPG se basa en la energía de base.
El Jilote se ha convertido en el modelo de certificación de base de Guadalajara, fundado en la confianza entre productores y consumidores. Surgió en 2011 de la Red de Alternativas Agrícolas Sostenibles (RASA), una red que integra a los agricultores que trabajan con agroecología con grupos de consumidores, investigadores académicos y otros actores, y que comparte procesos de aprendizaje colectivo con todos los miembros. En aquel momento, la RASA quería dar visibilidad al dinamismo y la multidimensionalidad de los productos agroecológicos elaborados por sus agricultores.
El enfoque de El Jilote es sencillo: un mercado virtual conecta a productores y consumidores en un sistema de garantía participativa que verifica las prácticas agroecológicas y refuerza la confianza de la comunidad. El respaldo depende de las relaciones locales más que de logotipos extranjeros que tienen poco significado para el consumidor promedio. El «mercado» es una relación: los productores abren sus parcelas y prácticas a la comunidad, y el respaldo surge de lo que se observa conjuntamente.
El proceso de certificación comienza con la visita a las explotaciones de pequeños equipos interdisciplinares formados por agrónomos, ingenieros medioambientales, biólogos, agricultores agroecológicos y consumidores. A continuación, los respectivos especialistas revisan los métodos de producción, tienen en cuenta la perspectiva de los compradores y vinculan las observaciones con los valores agroecológicos.
Como parte de este proceso, El Jilote introdujo un sistema de «estrellas» que otorga reconocimiento en las dimensiones ecológica, social, cultural, económica, política y ética. Las estrellas destacan los puntos fuertes y ofrecen sugerencias a los productores —como mejorar la gestión del suelo y el agua, fortalecer los lazos comunitarios o acortar las cadenas de suministro— al tiempo que hacen visibles los valores de la producción para los consumidores. La toma de decisiones sigue basándose en el consenso, lo que garantiza la legitimidad y la accesibilidad tanto para los agricultores como para los consumidores.
El resultado es una garantía arraigada en los valores y necesidades locales y reconocida por la comunidad cuando los alimentos se venden a los consumidores en tianguis o mercados de agricultores —no a mayoristas ni para la exportación—. Esta «certificación» cumple con la lógica del marco de certificación participativa de México, promoviendo y protegiendo a los productores locales en lugar de depender de mercados minoristas lejanos.
Los sistemas participativos de garantía son el alma de las RAA, ya que generan la confianza que les permite a las comunidades crecer y expandirse juntas. Sin embargo, la confianza requiere honestidad sobre los límites. Un líder cooperativo señaló que las auditorías de terceros pueden costar «más de mil dólares por hora», una barrera que empuja a las certificaciones alternativas de vuelta al ámbito de las etiquetas de pago por participación que pretenden sustituir. Como resultado, algunos grupos consideran que «la certificación no vale mucho… y la certificación participativa a veces tampoco se valora», según el líder.
Esto explica en parte por qué el enfoque de El Jilote en los parámetros agroecológicos ha resultado fundamental para su éxito. Al reconocer las realidades financieras y las brechas en la percepción de la certificación, el comité ofrece un sistema más justo y transparente en el que las comunidades pueden confiar. Dado que ninguno de los equipos de certificación de El Jilote depende del sistema como su principal fuente de ingresos, los costos siguen siendo bajos para los pequeños productores. El creciente número de productores certificados es prueba de una amplia participación y de los beneficios para la comunidad.
Actualmente, El Jilote acredita a cinco unidades de producción y archiva los certificados caducados, lo que permite visualizar la continuidad y la renovación de la red. Sus acreditaciones están reconocidas ahora como una SCOP federal, lo que denota una maduración institucional sin haber abandonado por ello su diseño de base y orientado a la comunidad. Estas características ayudan a explicar por qué el modelo de El Jilote sigue gozando de credibilidad entre productores y consumidores y ha perdurado durante más de una década en Guadalajara.
Un modelo para transformar las economías alimentarias
El futuro de la agroecología a través de los SPG no solo tiene que ver con las normas, sino también con la confianza de la comunidad, el empoderamiento y la recuperación de la identidad campesina como fuente de orgullo y fuerza política frente a la agroindustria. El éxito de los SPG en México está estrechamente ligado a la evolución de las prácticas agrícolas de diversos grupos de agricultores.
El carácter participativo de los SPG otorga a las comunidades un mayor control sobre los sistemas alimentarios, fomenta las relaciones entre productores y consumidores y refuerza la confianza. El uso que hace El Jilote de rúbricas basadas en estrellas, así como sus comités impulsados por el consenso y su mercado digital, demuestran cómo la creatividad puede mantener la resiliencia de los sistemas locales, incluso en medio de la competencia global. Al tiempo que da prioridad a la agricultura comunitaria, el programa preserva los conocimientos tradicionales, permitiendo a los agricultores recuperar la capacidad de decisión sobre la producción alimentaria.
Como movimiento arraigado en el empoderamiento campesino que se resiste a los sistemas alimentarios dominantes, los SPG hacen hincapié en las conexiones locales entre las personas, la tierra y las tradiciones. Su crecimiento depende de la ampliación de estos círculos de confianza, la inclusión de más voces y la profundización de las relaciones entre regiones. A medida que la red se expande y evoluciona, tiene el potencial de ser adoptada por otros agricultores que buscan formas inclusivas, justas y ecológicas de fomentar el conocimiento local y compartir alimentos.
De cara al futuro, el enfoque adaptable e inclusivo de los SPG los hace idóneos para su adopción en otros países, especialmente en regiones con fuertes tradiciones de agricultura a pequeña escala que persiguen una certificación centrada en la comunidad y la participación en el mercado. A medida que crece la demanda de sistemas de producción alimentaria sostenibles y transparentes, los SPG ofrecen una alternativa de mercado flexible que apoya los conocimientos y prácticas agrícolas locales. Al dar prioridad al equilibrio ecológico y a la soberanía alimentaria, el sistema ofrece un modelo para remodelar las economías alimentarias en todo el mundo.
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Autores:
- SHREYA AGARWAL, ALONSO MUÑOZ SÁNCHEZ, CHARLES PINTO Y MAYA POVHE son antiguos alumnos de la Reach Alliance de la Universidad de Toronto, donde colaboraron en una investigación de campo en Jalisco, México. Su trabajo analiza los sistemas participativos de garantía y las redes alimentarias alternativas como herramientas para el empoderamiento de los campesinos, la soberanía alimentaria y la salud pública. El equipo ha publicado con la Reach Alliance y ha presentado sus hallazgos en conferencias internacionales en Canadá y Europa. El grupo es asesorado por ERICA DI RUGGIERO, de la Universidad de Toronto, y GREGORIO LEAL MARTÍNEZ, del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara.
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Este artículo es contenido original de la revista de Stanford Social Innovation Review.
Traducción del artículo Transforming Organic Certification por Jorge Treviño.
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