En el corazón de la selva colombiana, COMUCCOM fomenta la reconciliación a través de la regeneración impulsada por la comunidad y la acción colectiva.
En Putumayo, Colombia, una alianza poco habitual está contribuyendo a convertir antiguos campos de batalla en tierras de cultivo y a proteger uno de los ecosistemas más complejos del mundo. En esta región fronteriza con Ecuador y Perú, los soldados están apostados en la selva no para combatir a la guerrilla, sino para apoyar a una cooperativa formada por civiles, agricultores y excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP). Este grupo guerrillero marxista se formó en la década de 1960 y libró una guerra civil contra el gobierno colombiano que se prolongó hasta el acuerdo de paz de 2016. El conflicto dejó más de 200,000 muertos y millones de desplazados.
Aquí se fundó en 2018 la Cooperativa Multiactiva Comunitaria del Común (COMUCCOM), que reúne a excombatientes, civiles y militares en un proyecto común de reconciliación y protección medioambiental bajo el lema «La paz se construye colectivamente». La organización, financiada con fondos extrapresupuestarios de la Misión de las Naciones Unidas en Colombia, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Unión Europea, se dedica a promover la paz, la justicia ambiental y el desarrollo sostenible.
«Tras la firma de los acuerdos de paz, nuestra cooperativa nació con el objetivo de involucrar a las asociaciones locales como protagonistas en la restauración de la naturaleza para las futuras generaciones y como constructoras activas de la paz», afirma Duberney López Martínez, quien asumió la presidencia de COMUCCOM tras el asesinato de su fundador, el ambientalista Jorge Santofimio Yepes, el 24 de febrero de 2022, cuando recibió un disparo mientras se reunía la junta directiva de la cooperativa. «Queremos demostrar que podemos dejar atrás una cultura de conflicto y avanzar hacia la solidaridad y la paz en nuestro territorio», agrega Martínez.
Santofimio Yepes inició el proyecto partiendo de cero, tras obtener un préstamo a cinco años para 48 hectáreas de terreno de la oficina del exalcalde de Puerto Guzmán, Rodrigo Rivera. En la actualidad, 27 familias se han mudado aquí, y 12.7 hectáreas de la propiedad se han transformado en una comunidad agrícola sostenible, enfocada en la producción piscícola, junto con proyectos de apicultura y un vivero dedicado a la conservación de la selva amazónica.
Seguridad y prosperidad
Inscrita en la Cámara de Comercio pocos meses después de su fundación, COMUCCOM ya contaba con 90 miembros en 2018 y alcanzó los 150 en 2021. La cooperativa ahora forma parte de la Red de Viveros Comunitarios Amazónicos, un grupo de 12 organizaciones presidido por signatarios de los acuerdos de paz, mujeres y campesinos de las regiones de Caquetá, Meta, Putumayo y Guaviare, creado para preservar el corredor biológico del Amazonas y promover una cultura de paz comunitaria. El proyecto es, en palabras del exministro de Medio Ambiente Carlos Correa, «fundamental [para] detener la deforestación». El Gobierno de Gustavo Petro busca restaurar toda la cuenca amazónica colombiana llegando a las zonas más afectadas, incluidas las de la selva profunda.
Entre los proyectos de la cooperativa se encuentra una piscifactoría de tilapia, que ha sido posible gracias al financiamiento del Centro Experimental Amazónico (CEA). La piscifactoría produce hasta 14 toneladas de pescado al año, todas ellas destinadas a los mercados locales. Actualmente, se preparan para la segunda fase del proyecto, con el objetivo de duplicar la productividad de 5 a 10 peces por metro cúbico. Esta iniciativa cuenta con el respaldo de la reciente inauguración de PisciMayu, un mercado en Mocoa diseñado para impulsar la venta de su pesca.
En la finca forestal, el Comité de Mujeres y Género, integrado por 18 miembros, entre las que se encuentran excombatientes, hijas y mujeres de las comunidades de Puerto Guzmán y Santa Lucía, cuida más de 15 colmenas. De esta manera, el comité contribuye a hacer realidad el sueño de una vida comunitaria en armonía con la naturaleza. El proyecto de cultivo y reforestación con plantas endémicas, situado a lo largo del perímetro occidental de la propiedad, busca proteger y regenerar el territorio.
Garantizar la seguridad en la región del Putumayo es sumamente complicado debido a que los densos bosques, los ríos y los caminos rurales de la zona la convierten en un territorio naturalmente abierto y dificultan la vigilancia para el gobierno central. Rafael Santofimio Jepes, firmante del acuerdo de paz y excombatiente de las FARC, y su hermana, María Carolina Santofimio, quien funge como responsable de seguridad de la comunidad, han sido fundamentales para garantizar la seguridad de la comunidad.
«Si no fuera por ellos, ya nos habrían matado a todos», afirma Armando Aroca, antiguo compañero de armas de Yepes y actual representante legal de la cooperativa. Con «ellos» se refiere a los soldados de la unidad Sparta Cinco del ejército colombiano, que han sido desplegados en el bosque colindante a las tierras de COMUCCOM con el objetivo específico de proteger el proyecto y a quienes trabajan en él.
Este caso es excepcional. Salvo contadas excepciones, (como Jani Silva, una destacada líder comunitaria rural y activista colombiana que ha trabajado durante décadas para proteger a las comunidades campesinas, defender los derechos sobre la tierra y promover la paz, y que fue nominada al Premio Nobel de la Paz y recibió protección del Gobierno por su labor), es poco común que el Estado despliegue sus fuerzas armadas explícitamente para defender a las comunidades campesinas rurales. El asesinato de Santofimio recibió una amplia cobertura mediática a nivel nacional, lo que desató la indignación pública y obligó al gobierno a actuar. Jairo Agudelo Taborda, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad del Norte de Barranquilla, Colombia, considera que esta iniciativa forma parte de un cambio político más amplio: «Por primera vez, un gobierno progresista está tratando de implementar una reforma agraria y un sistema tributario más justo».
No obstante, la protección de los defensores del medio ambiente sigue siendo limitada e inconsistente. «El reto ahora», afirma Taborda, «es […] extender el modelo de paz firmado con las FARC a otros grupos armados que aún operan en el país», un paso fundamental para alcanzar una paz duradera en Colombia.
«Esta violencia afecta de manera desproporcionada a quienes defienden el medio ambiente frente a los intereses económicos vinculados a los recursos naturales».
Un equilibrio frágil
La creación de COMUCCOM y la protección de la que goza marcan un frágil equilibrio entre las iniciativas locales y los retos nacionales más amplios. Tras la desmovilización de las FARC-EP tras el acuerdo de paz de 2016, el Gobierno colombiano no logró establecer un control efectivo en muchas de las zonas rurales y remotas que anteriormente controlaba el grupo guerrillero, especialmente en la selva amazónica. El vacío de poder resultante atrajo a diversos grupos armados disidentes que compitieron por el control territorial y la explotación de los recursos. Solo en 2024, 33 exmiembros de las FARC-EP que se habían sumado al proceso de paz fueron asesinados, según la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia. Desde la firma del acuerdo de paz en 2016, un total de 441 excombatientes, entre ellos 11 mujeres, han sido asesinados.
«Esta violencia afecta de manera desproporcionada a quienes defienden el medio ambiente frente a los intereses económicos vinculados a los recursos naturales», afirma Taborda. Según entrevistas realizadas por la ONU, las poblaciones indígenas y afrodescendientes, las organizaciones de base y las comunidades campesinas temen que el conflicto armado pueda estar regresando o que ya se haya reanudado en sus comunidades.
La violencia y la inestabilidad persistentes han provocado la muerte de más de 252 personas y el desplazamiento forzoso de 51,623 personas el año pasado. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) documentó 25 asesinatos y 119 ataques contra defensores del medio ambiente: civiles que protegen los recursos naturales arriesgando sus propias vidas. Al mismo tiempo, Global Witness informa que Colombia sigue siendo uno de los países más peligrosos para los defensores ambientales, que a menudo son blanco de ataques por oponerse a proyectos extractivos y exigir el derecho a la consulta previa.
La crisis actual en el mercado de la cocaína, provocada por la introducción del fentanilo (un opioide sintético) por parte de los cárteles mexicanos en el mercado norteamericano, ha desestabilizado aún más las estructuras socioeconómicas en toda Sudamérica, lo que ha provocado un repunte de la violencia. Los grupos armados que se disputan el control del territorio buscan diversificar sus fuentes de ingresos ilícitos.
«Hoy en día, la minería ilegal se ha convertido en la principal fuente de ingresos ilícitos en la Amazonia colombiana», afirma Taborda. Antes, estos ingresos procedían casi exclusivamente de la producción de cocaína, pero ahora los grupos armados se dedican principalmente a la explotación de yacimientos mineros ilegales.
Si bien el cultivo de cocaína provoca la deforestación de extensas zonas, las excavaciones asociadas a las actividades mineras comprometen aún más al medio ambiente de las regiones afectadas. Debido a los contaminantes que se utilizan en la extracción y el procesamiento de metales, entre ellos el mercurio, la minería ilegal supone una amenaza a largo plazo para los suelos y las cuencas hidrográficas, con consecuencias catastróficas para la biodiversidad de la Amazonia colombiana y las comunidades locales que dependen de estos ecosistemas forestales.
En febrero de 2025, la entonces ministra de Medio Ambiente de Colombia, María Susana Muhamad, anunció que la deforestación en el país había aumentado un 35% durante el año anterior. Estos datos confirman las conclusiones de un informe basado en un estudio de 18 años, realizado por el Sistema de Monitoreo de las Coberturas de la tierra de la Amazonia colombiana (SIMCOBA), que advierte que, sin políticas de control adecuadas, se podrían perder otros 2.1 millones de hectáreas (5.2 millones de acres) de bosque en las próximas dos décadas. «La agenda ambiental sobre la deforestación debe ir de la mano del proceso de paz total», afirmó Muhamad.
La declaración de Muhamad coincide con un estudio del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI), que detalla las ganancias territoriales de las FARC-EP en vastas zonas de la Amazonia colombiana durante la guerra civil. Aunque su origen se remonta al conflicto armado, la presencia de los grupos armados frenó inadvertidamente la deforestación a gran escala al limitar actividades ilegales como el cultivo de coca y el acaparamiento de tierras. Tras los acuerdos de paz de 2016, el Estado colombiano tuvo dificultades para reafirmar su control sobre estas remotas zonas boscosas. A medida que la presencia estatal se debilitaba, nuevos grupos armados se instalaron en la zona y comenzaron a competir por el dominio territorial, lo que avivó la violencia y aceleró la degradación ambiental.
Esta realidad es especialmente patente en Putumayo y en regiones vecinas como Guaviare. Aunque el acuerdo de paz de 2016 prometía en su momento una estabilidad duradera, nuevos grupos armados han ocupado el vacío dejado por las FARC, controlando las economías locales, imponiendo normas opresivas y perpetuando la violencia. Las iniciativas nacionales, incluida la estrategia de «paz total» del presidente Gustavo Petro, han tenido dificultades para seguir el ritmo de este conflicto en constante evolución, ya que el diálogo, la inversión social y las medidas de seguridad se enfrentan al auge de las redes criminales y a la disminución del apoyo internacional.
En medio de este panorama tan complicado, COMUCCOM ofrece un ejemplo único de esperanza y resiliencia. Al reunir a excombatientes, familias locales y defensores del medio ambiente, la cooperativa ha transformado una zona que antes era objeto de disputas en un espacio dedicado a la restauración medioambiental, los medios de vida sostenibles y la solidaridad colectiva.
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Autores:
- UGO LUCIO BORGA es un periodista, escritor y fotoperiodista italiano. Durante más de 25 años, ha cubierto guerras y crisis humanitarias, sociales y medioambientales en algunas de las regiones más inestables del mundo, como Oriente Medio, África, Asia y América Latina.
- LEONARDO DELFANTI es un periodista independiente e investigador cultural que reside en Italia, especializado en el reportaje de crisis, las violaciones de los derechos humanos y las cuestiones medioambientales.
- GINO PAOLETTI es un periodista independiente que reside en Italia. Su trabajo se centra en las raíces sociales e históricas de los problemas actuales.
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Este artículo es contenido original de la revista de Stanford Social Innovation Review.
Traducción del artículo From Fighters to Custodians por Leticia Neria.
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