La medición de pobreza tradicional excluye a quienes más la viven. Descubre cómo la participación comunitaria en la gestión de datos está generando un desarrollo local más justo y efectivo en toda la región, a través de herramientas como el Semáforo de Eliminación de Pobreza.
Tras el cierre repentino de la USAID en la primavera de 2025 y la contracción de la cooperación internacional, la comunidad del desarrollo se enfrenta a un momento de ajuste de cuentas con el que ya está familiarizado. En toda Latinoamérica, estos momentos abren antiguos y repetidos debates sobre dependencia, subsidiariedad y el rol de actores externos en la definición de sus agendas de desarrollo. Académicos y profesionales ponen en duda los modelos basados en el conocimiento centralizado, en los monopolios de conocimiento los y en la financiación a través del efecto derrame, lejos de las comunidades a las que buscan servir.
Por otra parte, en Latinoamérica, la soberanía del conocimiento se vuelve cada vez más importante en los movimientos indígenas que buscan más autoridad sobre los datos relacionados a sus tierras, sistemas de conocimiento y realidades sociales. El principio responde a un largo historial en el cual gobiernos, investigadores y organizaciones de desarrollo recolectaban datos sobre poblaciones indígenas sin darles control sobre cómo aquel conocimiento era utilizado o compartido.
En este artículo, nos apartamos de las narrativas tradicionales de «desarrollo» y «lo local» para centrarnos en la soberanía del conocimiento el derecho de las comunidades a controlar, proteger y gestionar su propia información y datos. La soberanía del conocimiento reconoce que las comunidades deben mantener la autoridad/propiedad sobre la información que describe sus realidades, a fin de ejercer protagonismo en la construcción de su futuro.
Cuando las comunidades tienen acceso y control sobre sus datos, ellas mismas, a través de autoevaluaciones e inventarios, pueden tomar decisiones sobre cómo distribuir recursos y tener protagonismo frente a los desafíos y las soluciones. Además, los datos que se gestionan localmente permiten ejercer presión sobre los gobiernos y obtener apoyo en áreas apropiadas como educación e infraestructura.
A través de nuestros aprendizajes con el Semáforo de Eliminación de Pobreza en Paraguay y otros países, estamos convencidos de que el campo de desarrollo debe continuar transformándose hacia de modelos que dejen atrás el control externo y se dirijan hacia la resolución local de los problemas sociales, y así garantizar que las comunidades puedan diseñar las herramientas para interpretar y aprovechar sus propios datos.
De la dependencia a la soberanía
Los problemas asociados al desarrollo centralizado pueden entenderse a través del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), considerado el estándar de oro para la medición de la pobreza. Este índice es frecuentemente consultado por las Naciones Unidas y el Banco Mundial. Algunos países de Latinoamérica que divulgaron sus datos del IPM en 2025 fueron Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Paraguay y Perú.
El IPM desarrolló índices a partir de los datos de la Encuesta Demográfica y de Salud (EDS) para medir la pobreza familiar a través de dimensiones como la salud, la educación y el nivel de vida. Una familia es considerada pobre si carece de, por lo menos, un tercio de los indicadores medidos. El resultado final del IPM combina la proporción de personas en situación de pobreza(incidencia) y el alcance promedio de sus carencias (intensidad), generando un único número que refleja cuántas personas son pobres y qué tan pobres son.
El EDS es la principal fuente de información para el IPM. Desde 1984, el EDS se ha divulgado en 13 países latinoamericanos: Bolivia, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay y Perú.
Para acceder a los datos de EDS, es necesario tener una computadora, entender el lenguaje de programación STATA, además de ser sometido a una investigación y obtener credenciales para acceder a la base de datos. Aunque el acceso a este recurso haya sido suspendido al comienzo de 2025, debido a los cambios de financiación de la USAID, fue restablecido al fin del mismo año gracias a una donación de la Fundación Gates.
El IPM ilustra los desafíos asociados con el desarrollo centralizado:
- No permite la reflexión ni el protagonismo de la familia. Las familias casi nunca se enteran de su propio IPM y se ofrece poca orientación práctica para realizar acciones que puedan transformar sus vidas.
- Los datos no aportan a las familias el conocimiento necesario para cambiar sus circunstancias o para establecer cuáles son las prioridades de cambio.
- Las soluciones son típicamente proyectadas por expertos externos y no por las comunidades mismas.
- El acceso a la información se vuelve aún más precario debido a los cambios repentinos en la financiación de desarrollo global.
A diferencia del IPM, el Semáforo de Eliminación de Pobreza (SEP) es una metodología participativa de medición y entrenamiento que permite a las familias y comunidades evaluar su propia pobreza multidimensional y desarrollar planes prácticos para superarla; es un ejemplo de una herramienta que implementa el control comunitario de los datos y la reflexión. Desde su creación en Paraguay, entre 2009 y 2011, esta metodología ha sido adoptada por organizaciones aliadas como ONG, gobiernos y empresas, en más de 59 países, convirtiéndola en una de las herramientas comunitarias de medición de la pobreza de mayor alcance de implementación en el mundo. Algunos países latinoamericanos que la han implementado son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.
El Semáforo de Eliminación de Pobreza fue originalmente desarrollado como parte del programa de microfinanzas de la Fundación Paraguaya (FP), el cual atiende principalmente a mujeres emprendedoras de escasos recursos. Grupos de bancas comunales de microfinanzas típicamente se componen de 10 a 20 mujeres, a veces hasta 40, las cuales se reúnen regularmente, no solamente para acceder a servicios financieros, sino también para reflexionar sobre sus circunstancias económicas y sociales. Dentro de estos grupos, el Semáforo funciona como una herramienta estructurada para la autoevaluación, reflexión y planificación.
La metodología mide múltiples dimensiones de bienestar como ingresos, vivienda, salud y educación. En lugar de índices estadísticos, el Semáforo usa alrededor de cincuenta indicadores visuales. Cada indicador está representado visualmente y calificado por los participantes de acuerdo con un sistema sencillo de colores:
- Rojo: carencia extrema
- Amarillo: necesita mejoras
- Verde: condición adecuada
Los participantes producen un tablero visual que destaca las fortalezas y las vulnerabilidades. Las familias completan la evaluación por sí mismas, los datos pertenecen primeramente a los participantes y no a las instituciones externas. Este proceso incentiva la reflexión y permite a las familias priorizar las áreas que consideran más importantes a tratar. Tal como menciona Isabel Sanabria, participante de la Iniciativa Semáforo Cerrito, Paraguay:
«La Fundación vino a mí, porque ellos comenzaron con el proyecto y procuramos llevar a la práctica. Gracias a eso, nosotros nos convencimos de que podíamos hacer el préstamo para hacer nuestra casa. El acompañamiento que ellos te hacen es demasiado importante para que te animes a hacer cosas que yo, por ejemplo, siempre hacía, pero en forma muy pequeña. Y con ellos aprendí a superarme más, a tener más seguridad para producir. Es solamente para tu bien y para poder mejorar».
El Semáforo también funciona como una herramienta de planificación colectiva. Adicionalmente a las evaluaciones individuales, los grupos frecuentemente realizan discusiones comunitarias basadas en los datos agregados de sus tableros. Con el apoyo de mentores o facilitadores, los grupos identifican desafíos comunes y coordinan soluciones colectivas. Luego, los grupos se encuentran periódicamente para repetir la evaluación, permitiéndoles hacer seguimiento a su progreso y ajustar sus estrategias con el tiempo.
Una característica importante de la metodología es su adaptabilidad contextual. La encuesta inicial no es impuesta uniformemente en diferentes lugares. Contrariamente, los indicadores son adaptados de forma colaborativa para cada comunidad al inicio de la implementación. Eso permite que las definiciones de pobreza reflejen los valores culturales locales y sus experiencias de vida. Por ejemplo, una comunidad en Brasil puede priorizar indicadores relacionados con la infraestructura urbana o acceso a transporte, mientras una comunidad rural en Argentina puede priorizar la productividad agrícola o el acceso al agua.
La estructura participativa del Semáforo transforma el papel de los individuos de beneficiarios pasivos de programas de desarrollo a agentes activos de cambio. Mientras las familias mantienen el control de los datos, la información agregada también puede orientar a los gobiernos, las empresas, las ONG y otras entidades proveedoras de recursos. Esto genera un doble beneficio: las comunidades adquieren herramientas para la autorreflexión y la toma de decisiones, al mismo tiempo que las organizaciones ganan mejor comprensión de las necesidades y prioridades identificadas por las comunidades mismas.
La metodología Semáforo es implementada no solamente por la Fundación Paraguaya, sino también por una red global de organizaciones aliadas que integran la herramienta en sus programas. Una de esas organizaciones, Orkidea Andina (OA), la cual se dedica a fortalecer el sector agrícola boliviano a través de innovación tecnológica y transferencia de conocimiento. OA trabaja con familias de pequeños agricultores con el fin de mejorar su productividad y resiliencia introduciendo tecnologías de invernadero, sistemas de irrigación modernos y, sobre todo, entrenamiento técnico en prácticas de cultivo. Estas iniciativas aumentan la producción de granos, diversifican la producción y mejoran la seguridad alimentaria.
En alianza con el Semáforo, OA incorpora autoevaluación en sus programas de desarrollo agrícola. Las familias participantes utilizan el Semáforo para identificar desafíos relacionados no solamente a los ingresos y la producción, sino también a condiciones de vivienda, gestión financiera y acceso a servicios. Esto permite que los programas respondan a prioridades identificadas por las familias en lugar de métricas definidas por organizaciones externas.
Para agricultores como Ramiro Quispe Angulo, el Semáforo ofrece beneficios tanto prácticos como psicológicos. Reflexionando sobre la herramienta, explica:
«Lo que me gusta del Semáforo es que nos ayuda a administrar el dinero, en qué lo podemos gastar y cómo debemos gastarlo. Nos ayuda a estar alerta y a fortalecer nuestras decisiones financieras. Muchas personas no tienen el apoyo o el conocimiento. Orkidea Andina nos brinda el conocimiento sobre qué necesita la planta o el invernadero, cómo manejarlo, el tiempo y el uso del agua. Estas son cosas que no sabíamos antes.»
Innovación comunitaria y justicia
Los datos generados por la comunidad no solo permiten la reflexión dentro de los hogares o grupos locales. En muchos casos, se vuelve la base para un cambio social más amplio, influenciando la gobernanza ambiental, conciencia de seguridad pública y toma de decisiones sobre políticas públicas. Cuando las comunidades acumulan e interpretan su propia información, adquieren la habilidad de identificar los problemas que pudieron haber sido ignorados por las autoridades y movilizar acciones colectivas respecto a las prioridades compartidas.
Un ejemplo viene de las comunidades de Repatriación, Arroyito y Chakore en Paraguay, donde los residentes usaron los resultados de su Semáforo de Eliminación de Pobreza para identificar la contaminación ambiental como una preocupación importante que afectaba su calidad de vida. Durante el proceso de autoevaluación, las familias calificaron como rojo el indicador relacionado con vivir en un ambiente saludable, señalando un problema severo. El origen del problema era una fábrica de almidón cercana, cuyas emisiones afectaban a las comunidades vecinas desde hacía mucho tiempo, producía hedores fuertes y contaminación ambiental que impedía a los residentes pasar tiempo al aire libre o usar espacios comunitarios compartidos.
Usando los datos del Semáforo como punto de partida, los miembros de la comunidad organizaron encuentros para discutir el problema y desarrollar una respuesta coordinada. Los residentes presentaron quejas en la municipalidad, recolectaron firmas y organizaron protestas. Aunque las autoridades demoraron en reaccionar inicialmente, la persistencia de la comunidad finalmente logró una mediación entre dirigentes locales y el dueño de la fábrica. Como resultado de este compromiso, se implementaron cambios que redujeron el impacto ambiental de la fábrica. Los residentes recuperaron el hábito de pasar tiempo al aire libre, fuera de sus casas y de reunirse en espacios públicos. Este caso ilustra cómo los datos generados localmente pueden catalizar justicia ambiental al permitir que las comunidades identifiquen sus problemas, se organicen colectivamente y luchen por cambios.
Los indicadores son adaptados de forma colaborativa para cada comunidad al inicio de la implementación. Eso permite que las definiciones de pobreza reflejen los valores culturales locales y sus experiencias de vida.
El conocimiento generado por la comunidad también ha contribuido a abordar problemas de justicia de género en las familias. En regiones rurales de Paraguay, el Semáforo de Eliminación de Pobreza ha ayudado a concientizar a las personas sobre el problema de la violencia doméstica, utilizando un proceso de autoevaluación. A medida que las mujeres identificaban comportamientos que constituían violencia doméstica y entendían sus derechos, aumentaron las denuncias de abuso en varias comunidades durante 2024. Aunque el aumento de denuncias pueda parecer negativo a primera vista, los líderes locales interpretaron este cambio como una señal de que la violencia anteriormente escondida ahora se volvía visible. Al incentivar la discusión y concienciación, el Semáforo generó una vía para que las mujeres pudieran hablar abiertamente sobre sus experiencias y tomar medidas para detener la violencia.
Los datos generados por la comunidad también han influenciado la concienciación cívica en ambientes urbanos. En Brasil, la iniciativa Fogo Cruzado demuestra cómo la información generada por ciudadanos puede llenar lagunas críticas en los sistemas oficiales de datos. El proyecto opera a través de una plataforma digital y aplicación móvil que colecta y mapea informes de tiroteos en regiones metropolitanas como Río de Janeiro y Recife. Este sistema agrega y consolida los datos de residentes, periodistas y fuentes públicas para generar mapas en tiempo real de la violencia armada, permitiendo que los ciudadanos entiendan dónde los incidentes están ocurriendo y cómo evitar zonas peligrosas.
La plataforma se creó, originalmente, para contrarrestar la ausencia de información accesible y confiable sobre violencia con armas de fuego que afectaba a los residentes de favelas y comunidades vecinas en Río. La base de datos resultante ayuda a los residentes a lidiar con los riesgos cotidianos, mientras notifica también a las bases de datos públicas sobre políticas de seguridad y los impactos sociales de conflictos armados en áreas urbanas. En este caso, la participación comunitaria en la recolección de datos ha expandido la transparencia y generado una nueva forma de monitoreo cívico que complementa las estadísticas oficiales.
El conocimiento generado por la comunidad también puede ayudar a determinar cómo los gobiernos entienden riesgos ambientales y de desastres. En Colombia, iniciativas participativas de mapeo han permitido que los residentes documenten peligros locales y vulnerabilidades a través de proyectos de mapeo comunitarios conocidos como Mapas Comunitarios. Usando herramientas como el Sketch Map Tool (Herramienta de Diseño de Mapas), los miembros de la comunidad dibujan mapas que identifican amenazas ambientales, rutas de evacuación y recursos locales. Luego, estos mapas son digitalizados e incorporados en los sistemas de información geográfica usados por las autoridades que manejan riesgos de desastres.
Las iniciativas participativas de mapeo en Colombia están cada vez más integradas en la gestión de riesgos de desastres, incluyendo programas manejados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Al combinar conocimiento local con herramientas técnicas de mapeo, las comunidades pueden traducir sus experiencias de vida en información espacial útil que puede orientar los procesos de planificación municipal y nacional. Los mapas producidos ayudan a identificar áreas de vulnerabilidad, priorizar intervenciones y fortalecer la preparación local para inundaciones, deslizamiento de tierras y otros desastres.
En toda la región, organizaciones indígenas e investigadores también están desarrollando marcos que ponen la autoridad de la comunidad en el centro de la gobernanza de datos. En lugar de tratar poblaciones locales como sujetos de investigación, los enfoques de la soberanía del conocimiento reconocen las comunidades como coproductores y gestores de la información que describe sus realidades. Una expresión práctica de este principio puede ser encontrada en las iniciativas indígenas de mapeo territorial en la Amazonia y las regiones andinas donde comunidades indígenas colaboran con investigadores y organizaciones de mapeo humanitario para documentar uso de tierras, sitios de cultivo y amenazas ambientales como deforestación y minería ilegal. Estos mapas ofrecen evidencias para apoyar reivindicaciones territoriales, esfuerzos de protección ambiental y negociaciones con los gobiernos y agentes privados.
Un trabajo reciente en la región andina también ilustra cómo las epistemologías indígenas determinan enfoques de gobernanza de datos. Expertos trabajando con comunidades Kara-Kichwa han propuesto enfoques para la soberanía de datos fundamentados en conceptos indígenas de responsabilidad relacional y gestión colectiva. En esta perspectiva, los datos no son simplemente un recurso técnico, sino que también son parte de un sistema amplio de relaciones conectando la comunidad, el territorio y conocimiento ancestral. Por lo tanto, la gobernanza de la información requiere la supervisión comunitaria y responsabilidad ética con las generaciones futuras.
Caminos a seguir
Cuando las comunidades controlan la información que describe sus vidas, adquieren la habilidad de interpretar sus realidades, identificar contextos y organizar respuestas colectivas. Los casos presentados aquí demuestran que cuando las comunidades están equipadas con las herramientas para generar e interpretar sus propios datos, ellas pueden transformar información en acción, cambios en políticas públicas e innovación social. En estos contextos diversos, surgen tres principios prácticos que pueden guiar a las organizaciones de innovación social que buscan apoyar el desarrollo que es impulsado localmente.
1. Las iniciativas de desarrollo deben empezar con una autoevaluación definida por la comunidad. Cuando las familias y las comunidades evalúan sus propias condiciones, ellas mismas están mejor equipadas para ver prioridades que agentes externos frecuentemente olvidan. La autoevaluación transforma los datos en un catalizador para la reflexión, planificación y protagonismo colectivo.
2. Las organizaciones deben priorizar la gobernanza de conocimiento basada en la comunidad. Las comunidades deben mantener autoridad/propiedad sobre cómo la información sobre sus territorios y vidas es recolectada, interpretada y utilizada. Cuando los sistemas de conocimiento son diseñados para asegurar el beneficio colectivo y la supervisión local, los datos se vuelven un recurso para el empoderamiento en lugar de una mera extracción.
3. Los esfuerzos de innovación social deben apoyar y sostener la innovación local que se construye sobre la base de conocimientos y redes comunitarias. Las iniciativas de desarrollo deben enfocarse en permitir soluciones generadas localmente, en lugar de reemplazarlas con intervenciones diseñadas externamente.
El desafío concreto en nuestra región es crear y fomentar más alianzas de alto impacto, para que este tipo de iniciativas se contagien y cobren más fuerza a lo largo y ancho de Latinoamérica. Los ejemplos aquí citados son un buen inicio y sabemos que hay otros más. El desafío ahora es replicar este tipo de experiencias. ¡Somos una región empática y viva, y podemos hacerlo!
Al priorizar el control comunitario sobre la información, los esfuerzos de desarrollo avanzan hacia caminos de innovación social más descentralizados, participativos y localmente relevantes. En este sentido, la soberanía del conocimiento no es solamente un principio de gobernanza de datos, sino también un fundamento para enfoques de desarrollo que respetan el protagonismo, la dignidad y la creatividad de las comunidades a las que busca apoyar.
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Autores originales:
Martín Burt, PhD: Emprendedor social de renombre mundial, creador del Semáforo de Eliminación de Pobreza (Poverty Stoplight), y Director Ejecutivo de la Fundación Paraguaya, una organización social de desarrollo elegida como la más impactante e innovadora de América Latina por el Banco Interamericano de Desarrollo en 2018.
Julia Corvalán, PhD: Experta en desarrollo internacional, académica e investigadora, Gerente Global de Operaciones del Semáforo de Eliminación de Pobreza (Poverty Stoplight) y Senior Fellow del Global Innovators Group en el Aspen Institute. Decana de la Facultad de Admiración de Empresas de la Universidad Internacional de Desarrollo (UID), Paraguay.
Robert Krueger, PhD: Geógrafo humano, profesor y Director del Departamento de Ciencias Sociales y Estudios de Políticas Públicas en el Instituto Politécnico de Worcester (WPI) de Massachussets, EEUU, fundador y Editor-en-jefe de WPI Press, y fundador del Laboratorio de Diseño para el Desarrollo (DDL).
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Este artículo es contenido original de la edición #19 de Stanford Social Innovation Review en Español.
Edición de Andrea González
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