El Área de la Bahía de San Francisco moviliza una respuesta regional para prestar ayuda de emergencia ante la represión federal contra los inmigrantes indocumentados.
Alicia dormía profundamente cuando agentes del US Immigration and Customs Enforcement (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos; ICE, por sus siglas en inglés) detuvieron a su madre frente a su casa en San Francisco. Cuando despertó a la mañana siguiente, la joven de 20 años se encontró de repente a cargo de sí misma y de sus dos hermanas menores, de 10 y 14 años. Sin los ingresos principales de su madre para cubrir las necesidades diarias de la familia, Alicia acudió a una organización local sin fines de lucro para recibir una pequeña ayuda económica que le permitiera poner comida en la mesa.
«Hay mucha gente ahí fuera que está en la misma situación que yo», afirma. Un aumento en las agresivas medidas federales de control migratorio ha separado a personas como Alicia de sus padres y ha reducido de la noche a la mañana los ingresos de muchas familias. El miedo entre las comunidades de inmigrantes ha llevado a algunas familias a evitar conducir, ir de compras e incluso acudir al médico. Otras dudan en buscar empleo, por temor a ser descubiertas en su lugar de trabajo. Situaciones como la de Alicia se están viviendo en todos los condados del Área de la Bahía de San Francisco, donde una tercera parte de la población nació fuera de Estados Unidos.
En septiembre, ante la creciente necesidad de apoyo para las familias inmigrantes, la San Francisco Foundation (SFF) y una coalición de alcaldes del Área de la Bahía, grupos comunitarios y líderes religiosos impulsaron una colaboración sin precedentes. La coalición lanzó el Stand Together Bay Area Fund (Fondo Unidos por el Área de la Bahía), una iniciativa regional destinada a brindar apoyo financiero urgente y solidario a familias que de forma repentina enfrentan detenciones, riesgo de deportación, pérdida de empleo e interrupciones en su vida cotidiana.
El fondo recaudó 1.9 millones de dólares en sus primeras semanas y Judith Bell, directora de impacto de la SSF, se muestra optimista respecto a alcanzar la meta de 10 millones de dólares. Hasta enero de 2026, habían reunido 2.8 millones de dólares entre donaciones y compromisos de aportación. «Estamos ofreciendo una plataforma para que las personas puedan donar», afirma Bell, quien subraya que muchos residentes del Área de la Bahía que observan el endurecimiento de las medidas migratorias han dicho sentirse impotentes. «Les da la posibilidad de hacer algo, algo concreto que alivie aunque sea un poco la carga». Hasta ahora, las donaciones han oscilado entre los 5 y los 300,000 dólares.
Enfoque regional
La necesidad de este tipo de apoyo se hizo imposible de ignorar después de que Bell y sus colegas mantuvieran conversaciones con representantes de las organizaciones beneficiarias de la SFF, socios políticos y su Latine Kitchen Cabinet (Consejo Asesor Latine), una colaboración de líderes de organizaciones latinas sin fines de lucro del Área de la Bahía que asesora a la fundación sobre cuestiones clave para las comunidades latinas de la zona. Ellos alertaron desde el principio sobre la gravedad de la crisis. «Existe un nivel increíble de miedo a ser detenido en cualquier momento», dice Bell. «A los padres les preocupa llevar a sus hijos al colegio. A la gente le preocupa ir al supermercado o a la iglesia. La gente tiene miedo de salir de casa». Incluso los compañeros de Bell que son ciudadanos y pertenecen a minorías étnicas llevan consigo sus pasaportes como medida de precaución, dado que las políticas de control de inmigración del gobierno se han basado en gran medida en la discriminación racial y religiosa.
«Son temores increíblemente bien fundados», asegura. «La gente debe tener miedo. El hecho de que reaccionen así es una respuesta perfectamente racional ante una situación increíblemente grave». Bell afirma que su equipo en SFF sintió la necesidad de actuar para organizarse y ofrecer diferentes vías para recaudar y distribuir fondos rápidamente.
Una clave del éxito del programa es que abarca varias ciudades y condados. Mientras que muchos programas públicos se centran en una sola ciudad, la iniciativa Stand Together se diseñó intencionadamente como un esfuerzo que abarca los seis condados centrales del Área de la Bahía: San Francisco, Marin, Alameda, Contra Costa, Santa Clara y San Mateo. El fondo común recauda contribuciones de particulares, organizaciones filantrópicas, socios corporativos e instituciones públicas. «La gente se identifica como residente de la Bahía», afirma Bell. «Esta es una forma de decir que somos una región. Son nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestras familias a quienes queremos apoyar».
El equipo de Bell destina los fondos a organizaciones comunitarias de confianza, como Faith in Action (Fe en acción), el San Francisco Interfaith Council (Consejo Interreligioso de San Francisco) y los bancos locales de alimentos, que ya están arraigadas en las comunidades locales y están preparadas para proteger la identidad de los beneficiarios y ayudar rápidamente a quienes más lo necesitan. «Estamos eligiendo grupos que ya han hecho esto antes», dice Bell.
En el anuncio de la iniciativa, realizado en septiembre, los alcaldes de San Francisco, Oakland y San José estuvieron acompañados por líderes de organizaciones sin fines de lucro y de comunidades religiosas.
«Este fondo es una solución de sentido común a un problema muy real al que se enfrentan nuestros vecinos», dijo el alcalde de San José, Matt Mahan, en la presentación. «Pero se trata de algo más que dinero: es un recordatorio para nuestras familias inmigrantes, las mismas familias que han hecho de la Bahía de San Francisco lo que es hoy, de que les respaldamos».
Además, dos supervisores del condado de Alameda se comprometieron a aportar 50,000 dólares cada uno desde sus oficinas. Este acto público, afirma Bell, transmitió de forma visible el mensaje de que «la comunidad de toda la región les está acogiendo y apoyando».
Asistencia directa
Los compañeros de Bell en SFF confían en que pueden marcar la diferencia, dado el éxito que tuvieron al gestionar fondos colectivos de alto impacto durante la pandemia de COVID-19 y al respaldar operaciones sobre el terreno. Su primer beneficiario importante fue el Mission Asset Fund (Fondo Comunitario de Mission; MAF, por sus siglas en inglés), una organización de préstamos comunitarios reconocida a nivel nacional con sede en el distrito Mission de San Francisco, que ha creado herramientas financieras culturalmente relevantes para que los inmigrantes de bajos ingresos puedan pedir dinero prestado, generar ahorros y crédito, y evitar a los prestamistas abusivos. Los recursos ayudan a las personas a pagar los gastos de subsistencia, empresariales y de inmigración, así como a obtener la aprobación para departamentos, tarjetas de crédito y empleos.
Durante la pandemia, MAF destinó más de 70 millones de dólares a pequeñas subvenciones de emergencia, y esa experiencia eficiente sobre el terreno puede ahora reforzar el esfuerzo de Stand Together. «Transferiremos el dinero que recaude el fondo Stand Together a las personas que estén sufriendo algún tipo de impacto por parte del ICE», afirma el fundador y director general de MAF, José A. Quiñonez.
La ayuda no se limita a las personas directamente detenidas o deportadas. Muchas familias inmigrantes están atravesando dificultades económicas porque temen acudir al trabajo, evitan asistir a la escuela o buscar atención médica, o sufren los efectos psicológicos de la incertidumbre constante. Dependiendo de la situación, las familias pueden recibir subvenciones de entre 1,000 y 3,000 dólares para hacer frente al alquiler, los pagos de servicios públicos y la asistencia jurídica en materia de inmigración.
Por ejemplo, la familia de Rosa ya estaba estirando cada dólar antes de que su marido fuera detenido y rápidamente deportado. De la noche a la mañana, el presupuesto familiar de su hogar en San Francisco se volvió más ajustado, ya que tenía que mantener a su hermana, a sus tres hijos y a su sobrina de 5 años. Ahora, como principal sustento de su hogar, limpia casas siempre que surge trabajo, y durante meses gastó cada dólar antes de ganarlo. Una subvención de 3,000 dólares financiada por MAF le ofreció un respiro y le permitió ahorrar su salario para el alquiler. «Sentí ese apoyo de [MAF] rápidamente, y supuso una gran diferencia en lo económico», afirma. Espera que dentro de un año pueda ofrecer a sus hijos un hogar estable, aunque el miedo aún persiste.
Quiñonez es cuidadoso al señalar que iniciativas similares no deberían ser idénticas en todas partes de Estados Unidos. «Tenemos que permitir que se desarrollen de diferentes maneras porque somos diferentes en cada ciudad», afirma. Señala otras iniciativas de emergencia de líderes en Chicago y de la California Community Foundation en Los Ángeles, que han dado un paso al frente a su manera, especialmente ahora que las redadas del ICE se han intensificado en esas regiones. La gente no se limita a esperar a que la salven, dice Quiñonez. «Ya se están organizando y resistiendo».
Lo que sí puede ser replicable, sin embargo, es la lección sobre infraestructura. Bell afirma que solo ciertas instituciones están en condiciones de reunir donaciones de gobiernos, fundaciones privadas y particulares, y luego mover ese dinero rápidamente. «Hay que tener la experiencia y las relaciones», dice. Las fundaciones comunitarias, y algunas grandes organizaciones sin fines de lucro, están especialmente equipadas y son esenciales para este trabajo.
«Se puede reunir a gente del sector público, del sector privado, del sector sin fines de lucro y del sector filantrópico», afirma. «Se puede unir a la gente y dar este paso significativo en medio de la crisis a la que nos estamos enfrentando».
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Autor:
- COREY BINNS es periodista y reside en el norte de California. Escribe sobre ciencia, salud y cambio social.
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Este artículo es contenido original de la revista de Stanford Social Innovation Review.
Traducción del artículo Standing with immigrant families por Carlos Calles.
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