Este artículo es contenido original de la revista de Stanford Social Innovation Review publicado en la edición verano 2021.
En años recientes, el mundo empresarial estadounidense ha emprendido una cruzada de relaciones públicas para defender su imagen ante consumidores cínicos, ambientalistas iracundos y políticos ostentosos. Las empresas sostienen que pueden proteger la naturaleza, mostrar compasión por sus trabajadores, mejorar el bienestar de sus consumidores y sostener a las comunidades en las que operan.
Pero para servir los intereses de todos estos grupos de interés, gran parte de las empresas estadounidenses tendrían que abandonar los modelos de negocios que generan buena parte de sus ganancias. Para algunas compañías, dar un paso así implicaría poner en entredicho su existencia. Si Facebook y YouTube, por ejemplo, cambiaran sus algoritmos para eliminar la desinformación y el contenido de odio —que se utiliza como ciberanzuelo y genera alta interacción, pero con frecuencia daña a los usuarios—, sus ingresos por publicidad disminuirían.
Las mejores escuelas de negocios y otros promotores de un “capitalismo consciente” sostienen que atender las necesidades de todos los grupos de interés es bueno para el negocio y generará mejores resultados en el largo plazo. Esta idea es intuitiva. Una empresa que no ve por los intereses de sus consumidores, proveedores, empleados o comunidad es probable que sea un negocio en declive, ha argumentado el teórico en grupos de interés Edward Freeman. Pero ¿qué sucede si esa empresa ejerce un poder de mercado tan concentrado que sus mismos consumidores, proveedores y empleados tienen opciones limitadas para comprar, vender o trabajar? Los usuarios de redes sociales, por ejemplo, están restringidos a una o dos plataformas para mantenerse conectados con la comunidad en general. Agricultores y fabricantes textiles a menudo solo cuentan con un comprador para sus bienes. Los trabajadores poco calificados comúnmente encuentran oportunidad de empleo dentro de una estrecha selección de industrias y empleadores. Los economistas describen estas situaciones como un fracaso del mercado. La mencionada concentración de poder de mercado limita las alternativas de otros grupos de interés y permite a las empresas ignorarlos o incluso dañarlos, al tiempo que generan ganancias impresionantes.
Hoy en Estados Unidos, el fracaso de mercado es generalizado. De acuerdo con un estudio de 2019, el 75 % de las industrias de este país se han vuelto más concentradas en las últimas dos décadas. Solo cinco compañías de tecnologías representan el 24 % del valor de mercado del S&P 500. La pandemia de COVID-19 no ha hecho más que exacerbar esta separación entre ganancias corporativas y el bienestar de los grupos de interés: el mercado bursátil está en un nivel máximo histórico, mientras que el desempleo, la desigualdad y la devastación ambiental están fuera de control.
Esta disfunción es predecible. En sociedades capitalistas, los ganadores tienden a ganar en grande, y sus ganancias pueden auto perpetuarse . Más aún , los avances tecnológicos reducen la oferta de trabajo y permiten a aquellos con capital generar más riqueza a un ritmo mucho más rápido que otras partes interesadas; una de las principales advertencias de Karl Marx y, más recientemente, del economista Thomas Piketty. Esta dinámica genera y refuerza el peligro del poder asimétrico en el que los accionistas, a través de juntas, consejos y equipos directivos que ellos mismos designan, pueden suprimir las necesidades de otros grupos de interés e influir en el Estado para servir a sus propios intereses. A la larga, el sistema erosiona el valor para la sociedad.
Hoy, el 80 % de las acciones de compañías en la bolsa de Estados Unidos son propiedad de inversionistas institucionales sin rostro. Controlan la mayoría de los votos y nombran a la mayoría de los integrantes de un consejo. A pesar de un flujo significativo de capital dirigido hacia fondos de impacto social y un discurso constante en torno a inversiones ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza, por sus iniciales en inglés), hay poca aceptación a la idea de poner en riesgo las ganancias de los accionistas, al menos en el corto plazo, por apoyar los intereses de otros grupos de interés. Rectificar el malestar actual requerirá más que declaraciones de las empresas y administradores de fondos, o teorías nuevas de las escuelas de negocios. Se requerirán reformas sistémicas que promuevan un cambio en la propiedad y en la autoridad de toma de decisiones de otros grupos de interés.
ABLANDAR EL CAPITALISMO
En el último siglo, las sociedades capitalistas han dependido de varios enfoques para proteger los intereses de los grupos de interés. Los gobiernos han establecido regulaciones y un conjunto de instituciones para respaldarlas. Los Estados Unidos, por ejemplo, instauraron en 1906 la Administración de medicamentos y alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) para proteger a los consumidores, y en 1970 la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) para proteger el medio ambiente y la salud de las comunidades.
Los legisladores progresistas de hoy buscan fortalecer estas instituciones y crear nuevas leyes, como el aumento del salario mínimo, tener permisos remunerados y gravar las emisiones de carbono. Mientras que estas leyes aumentarían la protección de los grupos de interés, las reformas legales tienen límites. De inicio, los mercados son cada vez más complejos y es más difícil legislar o predecir posibles abusos de accionistas. Por otra parte, las grandes corporaciones, a través del cabildeo y las contribuciones de campaña ya ejercen demasiada influencia sobre los legisladores.
En las últimas décadas, ha surgido una nueva generación de emprendedores sociales decididos a usar las empresas como vehículo para resolver algunos de los problemas mundiales más grandes, comúnmente dirigiendo el reflector hacia uno o más de sus grupos de interés. Están facilitando micropréstamos a las comunidades más desfavorecidas, sumando a los antes prisioneros a sus nóminas y ayudando a los agricultores a mejorar la productividad. Sostienen que los negocios pueden generar ganancias para los accionistas y, al mismo tiempo, cumplir una misión social para otros grupos de interés. La marca de ropa Patagonia, por ejemplo, tiene la misión de “Salvar a nuestro planeta”. Los lentes Warby Parker buscan hacer sus gafas asequibles y dar pares gratis a los pobres.
En un guiño legislativo a esas empresas impulsadas por motivos sociales, un número de estados en Estados Unidos han establecido una nueva estructura legal llamada corporaciones de beneficio público (CBP). Las compañías que optan por esta estructura deben definir un impacto positivo que cumplirán en una o más categorías: personas, comunidades o medio ambiente. Pero también existen limitaciones. Hay pocos recursos legales para los grupos de interés si las CPB no cumplen con las promesas, y los estatutos no definen, generalmente, qué tan específico debe ser el beneficio público. Aún no está claro si este tipo de compañías de beneficio público pueden crear una reforma sistémica. Elegir ser una CPB es opcional, por lo que su incorporación a este régimen depende de la benevolencia de los accionistas y sus equipos directivos.
Un modelo más poderoso para generar una reforma sistémica surge cuando los grupos de interés toman las riendas de la gobernanza corporativa. En un notable número de casos, agricultores, consumidores y empleados se han unido para convertirse en los accionistas mayoritarios de grandes empresas. Por ejemplo, Organic Valley y Amul, la marca de lácteos más grande de India, son propiedad de sus agricultores. Recreational Equipment, Inc. (REI) y New York Life Insurance son propiedad de sus consumidores. John Lewis, una exitosa tienda de conveniencia en el Reino Unido, y Mondragon, uno de los conglomerados más grandes de España, de igual manera son propiedad de sus empleados.
En estos casos, la dinámica en la toma de decisiones cambia fundamentalmente. Como los dueños representan a diferentes grupos de interés, se vuelve factible que las ganancias y el bien social vayan de la mano. Organic Valley ofrece protección de precio a los agricultores cuando el precio de la lecha baja. En los primeros meses de la pandemia, Mondragon bajó su capacidad de producción en un 75% pero logró subsistir sin despidos y con tan solo un 5 % de recorte salarial. Cuando los grupos de interés son dueños del negocio, sus intereses influyen directamente en sus decisiones.
PROPIEDAD DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
Exigir una redistribución de la propiedad corporativa puede no ser factible, pero los gobiernos podrían proporcionar apoyos o incentivos sustanciales. Por ejemplo, los incentivos fiscales podrían ofrecerse a compañías que incrementen significativamente el nivel de propiedad de sus grupos de interés. Las empresas de capital privado podrían recibir préstamos de interés bajo o exenciones fiscales para financiar las adquisiciones impulsadas por las partes interesadas. Algunas empresas de capital privado motivadas por una misión social, como el Fund for Employee Ownership at the Evergreen Cooperatives, se dedican a financiar adquisiciones de empleados.
El congreso de los Estados Unidos aprobó en 2018 una ley bipartidista que expande la autoridad de la Small Business Administration (Dirección de Negocios Pequeños) para financiar las adquisiciones de empleados por hasta $5 millones de dólares. Los legisladores podrían partir de esto para permitir transacciones más grandes y expandir las categorías, e incluir a otros grupos de interés como proveedores y clientes. Los accionistas se beneficiarían también; la evidencia sugiere que la creciente apropiación por parte de empleados aumenta la rentabilidad. Actualmente, alrededor de diez por cientode los estadounidenses tienen participación accionaria en sus lugares de trabajo.
El gobierno de Biden debería impulsar una legislación que exija a las empresas públicas a destinar un porcentaje significativo de votos y de escaños en el consejo a otros miembros de los grupos de interés. El derecho al voto permitiría participar a las partes interesadas en las decisiones importantes, como la potencial venta de la empresa, así como la representación en el consejo les daría autoridad en la toma de decisiones en cuanto a estrategia y presupuesto. Alemania, por ejemplo, solicita a los trabajadores de las grandes empresas que elijan a la mitad de los miembros de los consejos supervisores, los cuales toman decisiones estratégicas de alto nivel.
Desde luego, esta medida no eliminaría todas las estafas corporativas. En el escándalo de Volkswagen de 2015, en el que la EPA encontró que la empresa había programado los controles de emisiones de sus motores diésel para burlar los estándares de aire limpio, tanto los trabajadores como los accionistas tenían el mismo incentivo para engañar a los reguladores. Pero el sistema alemán ha minimizado las pérdidas de empleo, aumentado los salarios y ayudado a fomentar el enfoque a largo plazo de construcción de negocios. Y, lo más importante, no ha afectado el dinamismo corporativo. Alemania es hoy uno de los países más innovadores, de acuerdo con el Bloomberg Innovation Index, mientras que los Estados Unidos está generando start-ups al ritmo más bajo desde la década de los setenta.
El caso de Volkswagen subraya la necesidad de que los consejos directivos consideren a una variedad de grupos de interés, tales como clientes y miembros de la comunidad en general. Por ejemplo, si los usuarios de Facebook tuvieran representación en el consejo, la compañía quizá tendría una política distinta sobre cómo aplica los algoritmos que propagan la desinformación. Facebook ha instaurado un comité de supervisión que ayuda a moderar decisiones de contenido, pero dicho comité es designado por Facebook y podría ser disuelto en cualquier momento. Facebook es el símbolo fundamental del poder asimétrico. Una persona, Mark Zuckerberg, es dueño solamente del 13 % de las acciones de la compañía, pero controla casi el 58 % de los votos en el consejo.
Desde la Gilded Age que las empresas no ejercían tanto poder y, detrás del telón, las decisiones las toman en un pequeño grupo de accionistas motivados por un solo interés. El primer paso para lograr una sociedad más justa es asegurar que el poder esté distribuido de forma más equitativa a través de todos los grupos de interés que conforman esa sociedad. En los accionistas y en los consejos es donde, actualmente, reside todo el poder. Es crucial hacerlos más inclusivos para que el capitalismo de grupos de interés funcione y, tal vez de esta forma, el capitalismo en sí pueda salvarse.
- HANS TAPARIA es profesor clínico adjunto de negocios y sociedad en la Stern School of Business de la Universidad de Nueva York.
- Traducción del artículo How to Make Stakeholder Capitalism Work por Carlos Calles