Este artículo es contenido original de la revista de Stanford Social Innovation Review publicado en la edición otoño 2020.
El 21 de febrero, The New York Times informó de que Wells Fargo había acordado pagar una multa de $3,000 millones de dólares para resolver los cargos penales y civiles derivados de su "maltrato generalizado a los clientes" durante un período de 14 años. Aunque el artículo señalaba que 500 millones de dólares de la multa de 3,000 millones irían a parar a los inversores de la empresa, no explicaba a dónde iría a parar el resto de los 3,000 millones de dólares.
Si sucede igual que en el pasado, la mayor parte de esos fondos irán directamente al Tesoro de los Estados Unidos. Parte del dinero puede incluso volver a Wells Fargo para pagarle por hacer post hoc lo que debería haber hecho pre hoc, es decir, proteger a sus clientes de sus propios empleados.
El misterio de las multas a Wells Fargo no es más que un ejemplo de un fenómeno global mucho más amplio: flujos masivos de dinero obtenido en transacciones gubernamentales hacia cajas negras. En todo el mundo se producen miles de millones de dólares de activos procedentes de la venta, la transferencia o la regulación de bienes o recursos de uso común que los gobiernos poseen o controlan, pero que se transfieren total o parcialmente a la propiedad y el control privados con fines de lucro. Estas transacciones incluyen la venta de empresas estatales; permutas de deuda; derechos generados por industrias reguladas por el Estado, como la lotería o la minería; transformaciones de instituciones cooperativas o sin fines de lucro en empresas con fines de lucro; activos robados; subastas de espectro de banda ancha, y sanciones por delitos corporativos del tipo ilustrado por la multa de Wells Fargo.
Estas transacciones globales involucran grandes sumas de dinero. En los cuatro años transcurridos entre enero de 2013 y diciembre de 2016, los gobiernos de todo el mundo generaron $998,800 millones de dólares a través de la venta de empresas de propiedad estatal, lo que empequeñece el total de cualquier período anterior y demuestra que la privatización de las empresas estatales no es una cosa del pasado.
Las sanciones impuestas a las empresas por violar las leyes medioambientales, de salud y seguridad o de lucha contra la corrupción constituyen otra fuente importante. Por ejemplo, el Acuerdo General sobre el Tabaco de 1998 entre los fiscales generales de 46 Estados y las cuatro mayores empresas tabaqueras de Estados Unidos supuso más de $240,000 millones de dólares en multas. El litigio en curso sobre la crisis de los opioides parece probable que produzca entre $75,000 y $85,000 millones de dólares más. Los litigios a causa de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de Estados Unidos, que se aplica a prácticamente todas las grandes empresas del mundo, generaron $2,890 millones de dólares en sanciones en 2018.
¿Cómo podrían utilizar las sociedades esos fondos de la mejor manera posible? Con mucha frecuencia, el dinero de estas transacciones se vuelca en los presupuestos del gobierno, donde se pierde rápidamente de la vista del público. Por fortuna, existe una alternativa probada para garantizar la preservación de al menos una parte de los activos de dichas transacciones para fines legítimos, a largo plazo y de uso común. Esta opción implica la transferencia de la totalidad o una parte de los ingresos generados por las transacciones que involucran activos de propiedad pública, controlados o regulados, a dotaciones benéficas permanentes para el bien común. Llamo a este proceso Filantropía a través de la Privatización (PtP, por sus siglas en inglés).
Fundaciones para el bienestar
Me encontré con la alternativa de la PtP al reunirme con varias fundaciones en países de todo el mundo mientras recaudaba fondos para un proyecto de investigación que examinaba el sector mundial de las organizaciones sin fines de lucro. Muchas de las fundaciones con las que me reuní resultaron haber surgido a partir de los fondos obtenidos en dichas operaciones PtP. Entre ellas se encontraban la prestigiosa Fundación Volkswagen de Alemania, la Fundación Rey Balduino de Bélgica y las numerosas grandes fundaciones italianas de origen bancario. Con el apoyo de la ACRI, la asociación de fundaciones de origen bancario de Italia, pude reclutar a un equipo mundial de investigadores para averiguar si este fenómeno estaba aún más extendido de lo que yo había descubierto hasta entonces. Rápidamente, los informes de campo dejaron claro que habíamos tropezado con un fenómeno de enorme alcance y potencialmente trascendental, que sugería una ruta alternativa y no reconocida en su mayor parte para establecer donaciones de beneficencia, la cual ya estaba bien establecida e involucraba una gran variedad de activos.
Cuando se completó esta ronda inicial de investigación en 2014 habíamos identificado 565 fundaciones en todo el mundo que habían surgido de uno u otro tipo de "transacción PtP" y habíamos realizado estudios de caso minuciosos en 23 de ellas. Desde entonces hemos seguido descubriendo nuevas fundaciones de PtP, hasta llegar a un total de casi 650.
Por lo general, estas fundaciones han surgido como soluciones sui generis a problemas locales concretos. Por ejemplo, una disputa entre el gobierno federal de Alemania y uno de sus estados sobre cuál gobierno era el propietario de la empresa Volkswagen de la época nazi había impedido a Alemania Occidental privatizar esta empresa durante una década después de la guerra. Pero cuando Rusia lanzó su satélite Sputnik en 1957, lo que provocó escalofríos en los dirigentes de Alemania Occidental ante la perspectiva de quedarse atrás en el progreso científico, el país aprovechó la privatización de la empresa Volkswagen para lanzar una importante inversión en la ciencia alemana, así como una fundación de beneficencia independiente y privada a través de la cual llevarla a cabo. Por consiguiente, el 40% de los ingresos obtenidos por la venta de la empresa Volkswagen se repartió entre la República Federal de Alemania y el estado de Baja Sajonia, y el 60% restante se utilizó para fundar una Fundación Volkswagen dedicada a la promoción de la ciencia alemana. Esta fundación, que comenzó con un fondo de 1.000 millones de marcos alemanes (238 millones de dólares en aquel momento), ha acrecentado su fondo hasta tener más de 3,900 millones de dólares –casi el tamaño de la Fundación Rockefeller de Estados Unidos– y ha invertido 5,600 millones de dólares en la ciencia alemana.
Circunstancias similares han dado lugar a otras fundaciones de PtP. La Fundación BOTA de Kazajstán, por ejemplo, nació a partir del vergonzoso descubrimiento de una cuenta bancaria suiza de considerable cuantía que mantuvo el presidente del país durante su campaña de reelección. En el caso de las grandes fundaciones italianas de origen bancario, el parlamento del país se negó a permitir que su preciada red de 88 cajas de ahorros fiduciarias cayera bajo el control de los enormes complejos bancarios europeos cuando la Unión Europea presionó en 1991 a Italia para que transformara estas instituciones en sociedades anónimas con fines de lucro. ¿Su solución? Colocar el 100% de las acciones resultantes en las ramas filantrópicas de las anteriores cajas de ahorros, con lo que se crearon 88 fundaciones, varios de cuyos activos rivalizan ahora con los de las mayores fundaciones de Estados Unidos.
La PtP ha demostrado en repetidas ocasiones su valor como una solución que beneficia a importantes partes interesadas involucradas en una amplia gama de complejas transacciones públicas. La Fundación Nippon en Japón, la Fundación para el Desarrollo Comunitario en Mozambique, la Fundación Renova en Brasil, la Fundación Bancaria "la Caixa" en España, las 240 fundaciones de conversión sanitaria en Estados Unidos y cientos más lo demuestran. Gracias a este historial, no hace falta imaginar cómo podrían producirse futuras operaciones.
Sin embargo, antes de la llegada de los esfuerzos conjuntos por hacer investigaciones sobre la PtP, no había un concepto que ayudara a identificar los puntos comunes entre estas diversas instituciones y transacciones y a enfocar la enorme promesa que encierran para la expansión de las donaciones de beneficencia en muchos lugares que ahora carecen de ellas. Es para destacar y promover este concepto, y este potencial, para lo que la Iniciativa PtP, con el apoyo de las fundaciones Ford, Mott, Rey Balduino, Volkswagen, Cariplo y "la Caixa", se ha establecido.
Armados con este concepto, no solo hemos identificado un número considerable de instituciones que ya lo encarnan, sino que también hemos realizado estudios de caso detallados sobre el funcionamiento de 25 de ellas. Además de examinar los acuerdos que dirigieron la creación de estas fundaciones, hemos evaluado sus estructuras de gobierno, sus disposiciones de transparencia y sus normas sobre conflictos de interés. Prácticamente sin excepción, hemos comprobado que estas fundaciones han establecido acuerdos de gobernanza y procedimientos operativos que se encuentran entre los mejores de su categoría a nivel mundial.
Un equilibrio compensatorio
El concepto de PtP es más que una contribución académica. Ha revelado el enorme potencial práctico de ampliar los recursos disponibles para la resolución de problemas sociales, económicos y medioambientales, y de fortalecer la sociedad civil en todo el mundo, especialmente en regiones donde las donaciones de beneficencia son limitadas o inexistentes, pero los activos de tipo PtP son abundantes.
Las fundaciones de PtP han realizado importantes contribuciones programáticas a sus sociedades. La Fundación BOTA, por ejemplo, ha mejorado considerablemente las oportunidades de vida de los jóvenes de Kazajstán, la Fundación Cariplo ha fomentado innovadoras urbanizaciones de bajos ingresos en Italia y la Fundación para el Desarrollo Comunitario ha contribuido a importantes iniciativas de desarrollo local en las zonas rurales de Mozambique.
Las instituciones de PtP, cuidadosamente diseñadas, pueden garantizar a los ciudadanos que los activos de las sanciones se utilicen para evitar que vuelvan a producirse las infracciones que las originaron; que las multas por daños medioambientales, fraudes a los consumidores, violaciones de la salud y la seguridad y otras ilegalidades similares puedan dedicarse de forma fiable a la protección del medio ambiente, a la defensa de los consumidores y a la promoción de la salud y la seguridad de los ciudadanos; que los ingresos de la minería puedan utilizarse para apoyar el desarrollo social, económico y medioambiental de las poblaciones afectadas por ella, y que los compromisos sociales de las organizaciones sin fines de lucro o cooperativas sigan atendiéndose cuando las instituciones se conviertan en empresas con ánimo de lucro.
Estas instituciones no son en ningún sentido un sustituto del Estado, pero con los gobiernos sometidos a una gran presión; al haber fuerzas políticas hostiles a la protección del medio ambiente, la salud y la seguridad, y el estado de derecho cada vez más amenazado en muchas partes del mundo, la necesidad de un conjunto de instituciones privadas que puedan atender a un equilibrio compensatorio es más clara que nunca. La PtP ofrece una vía probada para crear y dotar de recursos a dichas instituciones aprovechando las numerosas transacciones que ya están en marcha.
En consecuencia, el Proyecto PtP ha comenzado un esfuerzo activo de difusión e implementación en todo el mundo, con comités exploratorios locales en funcionamiento o en proceso en Asia Central, Europa del Este, África, América Latina y Estados Unidos. Nuestro objetivo es nada menos que una revolución en el panorama de la beneficencia en el mundo, empezando por unas cuantas fundaciones benéficas nuevas o ampliadas durante la próxima década. Agradecemos su interés y apoyo en este esfuerzo.
- Lester M. Salamon (lsalamon@jhu.edu) es profesor emérito en la Universidad Johns Hopkins y director del centro Johns Hopkins para Estudios de la Sociedad Civil y de la Iniciativa de Filantropía mediante Privatización
- Traducción del artículo A Vast New Source for Social Purpose Finance por Gerardo Piña.